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¿Fraude o golpe? Bolivia atrapada en la polarización

Isaac Risco
22 de marzo de 2021

Muchos detalles indican que la detención de Áñez obedece más a un acto de revancha política que de justicia. Y el relato del "golpe de Estado", sin matices ni claroscuros, no describe bien lo ocurrido, opina Isaac Risco.

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Imagen: Juan Karita/AP Photo/picture alliance

Con la elección de Luis Arce como nuevo presidente, hace cinco meses, Bolivia parecía haber recuperado la estabilidad política. El claro triunfo electoral del exministro de Economía de Evo Morales devolvió al país un Gobierno legítimo tras la grave crisis política desatada en noviembre 2019. Morales, uno de los líderes más emblemáticos de la izquierda latinoamericana, tuvo entonces que dejar el poder tras 13 largos años y marcharse incluso al exilio en medio de fuertes protestas. La legitimidad del Gobierno interino de su sucesora, la conservadora Jeanine Áñez, fue sin embargo puesta en entredicho desde el primer momento, sobre todo por el hecho de que los militares habían presionado para conseguir la salida de Morales. Para muchos, un golpe de Estado.

El debate sobre lo ocurrido había quedado más o menos aparcado tras la victoria de Arce, ya que el electorado acababa de corregir las cosas. También el nuevo presidente parecía dispuesto a mirar hacia adelante. El conflicto, sin embargo, acababa de regresar a primer plano después de que la Justicia boliviana ordenara hace unos días la encarcelación preventiva de Áñez y dos de sus exministros. La expresidenta interina es acusada de "conspiración, sedición y terrorismo".

Hay varios indicios de que el caso judicial contra Áñez obedece sobre todo a un deseo de revancha política. Durante el año de mandato de la exsenadora fueron perseguidos varios líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales. Más adelante, la Fiscalía presentó además graves imputaciones contra Evo Morales, entonces en el exilio en Argentina, por cargos similares a los que ahora enfrenta Áñez: por terrorismo. Todos estos precedentes – entre ellos también el hecho de que las acusaciones contra Morales fueran desestimadas poco después de que Arce asumiera el poder en noviembre de 2020 – sugieren que la Justicia boliviana carece de verdadera independencia. Y que esta navega, más bien, según sopla el viento en las altas esferas del poder, sea del bando que sea.

Otro factor decisivo para el arresto de Áñez son probablemente los intereses personales de Evo Morales tras su regreso de Argentina. Para el expresidente, el caso está vinculado también con su legado y con la forma en que será recordado el final de su presidencia. Por ese lugar en la historia compiten ahora dos interpretaciones antagónicas: ¿intentó Evo Morales aferrarse al poder con un fraude electoral en 2019? ¿O fue el primer presidente indígena de Bolivia, por el contrario, víctima de un golpe de Estado impulsado por una derecha que no había conseguido derrotarlo nunca en las urnas?

Evo Morales pasará de por sí a la historia como uno de los líderes más trascendentales de Bolivia. El exsindicalista le dio estabilidad política a su país tras asumir el poder en 2006 y, gracias al "boom" de los hidrocarburos, fue el artífice de un sólido crecimiento económico e importantes logros sociales. Pese a ello y a su alta popularidad, Morales perdió en 2016 un referéndum con el que intentaba asegurarse un cuarto mandato consecutivo, en medio de crecientes críticas por una deriva autoritaria. El Tribunal Constitucional, controlado por sus aliados, le abrió sin embargo en 2017 la puerta a la nueva candidatura.

Isaac Risco.Imagen: DW

Esos precedentes restaron de antemano credibilidad a las elecciones de 2019. La propia jornada electoral se vio luego empañada por serias acusaciones de fraude, sobre todo después de que las autoridades detuvieron durante varias horas la transmisión del conteo rápido. Morales se declaró ganador en primera vuelta, pero dimitió tras semanas de protestas y la intervención de los militares.

¿Qué fue entonces, un "fraude" o un "golpe de Estado"? La verdad parece ser demasiado compleja para reducirla a esa dicotomía. La Organización de Estados Americanos habló en un informe de irregularidades, aunque no llegó a calificar lo ocurrido como fraude. Más claro, en cambio, parece ser el hecho de que muchos de sus compatriotas no estaban dispuestos a ver a Evo Morales como un presidente legítimo, debido en gran parte a las maniobras que condujeron a su reelección.

Y aquellos que claman ahora a voces "golpe", por otro lado, parecen no querer ver justamente cuál fue ese papel de Evo Morales en la crisis política. Más allá de eso, varias circunstancias sugieren que el ascenso al poder de Áñez se debió más al caos político que a una conspiración planeada mucho antes para tumbar al Gobierno. El hecho de que Áñez aprovechara las circunstancias para desatar luego una persecución política no convierte todo en un golpe orquestado de antemano. El relato del "golpe", sin matices ni claroscuros, sigue sin describir bien el conflicto de 2019.

La elección de Luis Arce era la gran oportunidad de dejar atrás ese conflicto. Su victoria contundente, con más del 55 por ciento de los votos en primera vuelta, le otorgaba la legitimidad de la que carecía Morales en 2019. El mensaje del electorado parecía claro: la mayoría de los bolivianos sigue creyendo en la política de izquierda del MAS, pero no quiere a un Evo Morales aferrado al poder.

Bolivia, sin embargo, parece volver a la polarización política, a la disputa más intransigente, en momentos en los que el país afronta la pandemia y una grave crisis económica. Esas no son noticias alentadoras.

 

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