Cuando se inauguró la nueva Fuerza de Tarea Trinacional el 15 de noviembre (2016) en la ciudad hondureña de Nueva Ocotepeque, los Presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala lo celebraron como un golpe inédito contra el crimen organizado. Según fuentes oficiales, la iniciativa tiene diversos objetivos: pretende combatir el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la migración y las pandillas. Dicha fuerza estará compuesta por policías, militares, personal de Aduanas, Migración y de Inteligencia de los tres países. Con ellos, buscará vigilar los aproximadamente 600 kms. de fronteras entre los países del llamado Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), una de las regiones más violentas del mundo.

"La iniciativa responde a la necesidad de implementar un plan que se acople a la 'Alianza para la Prosperidad', donde los EE.UU. ofrecen ayuda económica importante para los tres Gobiernos", explica Marco Pérez Navarrete, de la Fundación Heinrich Böll en El Salvador y Centroamérica. La llamada "Alianza para la Prosperidad" nació tras la grave crisis de niños migrantes no acompañados que llegaron a EE.UU. en el año 2014 y pretende frenar la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos.

La seguridad en primer plano

"La fuerza de tarea responde también a un interés del Presidente hondureño que está tratando de demostrar que Honduras tiene un buen posicionamiento respeto a temas de seguridad", añade Pérez Navarrete. En Honduras se celebran elecciones presidenciales el año entrante, y es muy probable que el actual Presidente, Juan Orlando Hernández, busque su reelección. Según el gobernante, con la nueva fuerza "les vamos a dar de su misma medicina" a los delincuentes.

En una región donde la seguridad se ha convertido en uno de los principales temas políticos, la iniciativa también denominada "fuerza antipandillas" se vende bien a una población desesperada con la situación de violencia en su vida diaria. El Salvador y Honduras, los dos países de la región más afectados por las pandillas, ya han implementado diferentes planes para controlarlas en el pasado. "Si uno vende a la población y a la comunidad internacional que hay un esfuerzo conjunto para atacar directamente a las pandillas, ellas se vuelven el chivo expiatorio por excelencia", argumenta Pérez Navarrete. "Eso significa que los dos países repetirían e incrementarían las estrategias represivas que han usado hasta el momento." Estas estrategias han sido criticadas por haber llevado a graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades.

La raíz del  problema

"Lo que hemos visto es que a medida que hay políticas represivas, la violencia aumenta, porque no se está combatiendo lo que produce esta violencia en la región", dice Omar Jerónimo, de la Coordinadora Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Chortí Nuevo Día (CCCND) que trabaja en el departamento de Chiquimula, la región fronteriza de Guatemala con Honduras y El Salvador. "La gente cree que las pandillas son el producto de la haraganería de los jóvenes, cuando lo que no tienen son posibilidades de estudiar o de esparcirse."

No es que falten estrategias alternativas que involucren a la sociedad civil y tomen en cuenta la prevención y rehabilitación como elementos básicos de un modelo de seguridad integral. "Lo que siempre ha habido es falta de voluntad política, falta de inversión y ante todo la ausencia de un plan de nación que busque una nueva realidad para las clases más desfavorecidas", dice Pérez Navarrete. "No existe un pandillero de clase media-alta o un pandillero de la élite."

Otro de los problemas estructurales es que las estrategias de seguridad a nivel nacional se cortan con cada elección, ya que los nuevos Gobiernos entran con sus propios planes. "Generalmente terminan en planes de represión de mano dura, porque es la manera más directa de enfrentar el problema, pero con los mismos resultados de siempre", dice Pérez Navarrete. "Es un círculo vicioso."