Fujimori agradece indulto y pide perdón a sus compatriotas
26 de diciembre de 2017
Por medio de un video, el exmandatario se dirigió a los peruanos poco antes de ser pasado de la unidad de cuidados intensivos a la de cuidados intermedios.
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Por medio de un video publicado en la red social Twitter este martes (26.12.2017), el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por delitos de lesa humanidad e indultado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski el pasado domingo, agradeció la decisión del jefe de Estado y pidió perdón a los "compatriotas” que defraudó cuando estuvo en el poder.
"(El indulto) me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo pesares. Soy consciente de que los resultados durante mi Gobierno fueron bien recibidos de una parte, pero reconozco que he defraudado a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", dijo Fujimori, de 79 años y a quien le faltaba cumplir 15 de los 25 años de cárcel a los que fue condenado.
"No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación", agregó Fujimori desde la clínica donde fue internado el viernes por hipotensión y arritmia, justo pocas horas después de que Kuczynski se salvara de ser destituido con la ayuda de 10 fujimoristas, entre ellos Kenji Fujimori.
Renuncias en el oficialismo
En un mensaje televisado, Kuczynski llamó el lunes "errores" a los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori (entre ellos 25 asesinatos y dos secuestros agravados), y aseguró que la decisión de indultarlo "quizá" ha sido la más difícil de su vida. "Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido condena", argumentó.
La decisión ha polarizado a la ciudadanía y ya dos parlamentarios del oficialismo anunciaron su salida de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK). Asimismo, se conoció la dimisión del director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, además de otros funcionarios de la misma oficina. En tanto, Fujimori dejó este martes la sala de cuidados intensivos y pasó a la de cuidados intermedios de la clínica de Lima donde permanece internado desde el pasado viernes.
DZC (EFE, dpa)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.