A Alberto Fujimori le negaron el acceso a teléfonos, luego de que se comunicara con dos medios de prensa peruanos para quejarse por lo que considera malos tratos en su condición de reo. Luego lo amenazaron con cambiarlo de cárcel. Esa incomunicación, que es la de cualquier presidiario según el Gob ierno de Ollanta Humala, ha tenido efectos secundarios inesperados, como quedó reflejado en una nueva jornada del juicio que enfrenta Fujimori por los diarios “chicha”.

Este jueves (21.11.2013), el ex jefe de Estado se negó a contestar las preguntas del tribunal, aduciendo que el castigo que le impide comunicarse con la prensa no lo deja recordar algunas cosas. “Tengo memoria, pero el estado de incomunicación en que me encuentro me impide recordar”, respondió Fujimori al consultársele sobre el presupuesto que manejó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante su Gobierno (1990-2000).

Según diversas investigaciones, Fujimori desvió unos 38 millones de euros para financiar los diarios “chicha”, tabloides escritos con lenguaje popular que se dedicaban a defender a su Gobierno de los ataques de la oposición, así como a insultar y caluminar a dirigentes contrarios al régimen. Fujimori sí tuvo memoria para negar que hubiera desviado fondos de las Fuerzas Armadas para financiar este tipo de prensa.

Trato “cruel e inhumano”

El exmandatario, que cumple desde 2007 una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, ha enfrentado sesiones breves, debido a que sufre hipertensión arterial y depresión aguda, aunque por momentos muestra gran vitalidad y responde con gritos a las tres juezas que componen la sala. Este jueves, sin ir más lejos, reclamó en varias oportunidades por la incomunicación.

El acusado dijo ante la Cuarta Sala Liquidadora que las sanciones en su contra son “arbitrarias e inconstitucionales” pues “se me están cortando arbitrariamente las oportunidades de defensa”. Aprovechó esa tribuna para denunciar ser víctima de un tratamiento cruel e inhumano y solicitó a la sala que regule su actual situación penitenciaria.

El juicio por los diarios “chicha”, que en la práctica no ampliará la condena para el ex jefe de Estado (en Perú solo se paga la mayor), no se desarrolló antes porque se necesitaba permiso de Chile, país cuya Justicia entregó al expresidente en extradición. Por el nuevo caso, la Fiscalía pide ocho años de prisión. La próxima audiencia quedó fijada para el próximo jueves 28 de noviembre.

DZC (dpa, RPP, El Comercio)