Fujimori, nuevamente hospitalizado por problemas cardíacos
10 de septiembre de 2017
El expresidente peruano sufrió problemas de salud por segunda vez en quince días. Esta vez fue una taquicardia supraventicular, dijeron fuentes médicas.
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Los problemas de salud parecen no dar descanso al expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario, de 79 años y quien cumple condena de 25 años de cárcel como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros, debió ser internado este sábado (09.09.2017) en una clínica de Lima debido a problemas cardíacos, en la que es su segunda descompensación médica en menos de quince días.
"Mi papá ha sido internado en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) por signos de fibrilación auricular paroxística: por momentos, su corazón late desordenado. Necesitan estabilizarlo", escribió en su cuenta de Twitter uno de los hijos del político, Kenji Fujimori, quien además es parlamentario. Ya el 28 de agosto, Fujimori había ingresado a la Clínica Centenario por una arritmia cardíaca, pero volvió tres días más tarde a su celda.
El médico de Fujimori, Alejandro Aguinaga, declaró al portal del diario El Comercio que el exgobernante sufrió una taquicardia supraventricular, pero que el episodio ya está bajo control. "Estamos más tranquilos por la evolución. Probablemente mañana (domingo) regrese” a la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde cumple condena.
"Unir a mis hijos”
El pasado miércoles, Fujimori publicó una carta en su cuenta en Twitter donde revela que tuvo miedo de morir en su paso por la UCI, a fines de agosto. "Viví dos días de zozobra y reconozco que sentí miedo, pero no a la muerte, sino a dejar pendientes, como los planes de pasear por el parque con los nietos y unir un poco más a mis hijos", escribió entonces el político, que es trasladado regularmente a clínicas por problemas gastrointestinales y de hipertensión.
Tanto su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, como su hijo Kenji, el congresista más votado en las dos últimas elecciones, mantienen diferencias acrecentadas en los últimos meses sobre las líneas ideológicas de la formación política y los caminos para lograr la liberación de su padre. Ella prefiere acudir a la nulidad de la sentencia, mientras que Kenji quiere abogar por el indulto presidencial.
DZC (EFE, dpa)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.