Un tribunal de apelaciones de Tokio confirmó la absolución de tres exejecutivos de la empresa que operaba la planta de energía nuclear Fukushima Dai-ichi, absolviéndolos de las acusaciones de haber ignorado advertencias sobre un desastre natural en los años previos al terremoto y tsunami de marzo de 2011.

El accidente nuclear de Fukushima condujo a la segunda peor crisis nuclear de la historia, después del desastre de Chernóbil, en 1986. Pero el fallo del Tribunal Superior de Tokio confirmó la decisión de un tribunal inferior en 2019, que determinó que el presidente de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Tsunehisha Katsumata, no podía haber anticipado que un desastre natural destruiría la planta en el noreste de Japón y provocaría el colapso de tres de sus seis reactores.

La acusación afirmaba que Katsumata era responsable de la muerte de 44 personas, que perecieron tras verse obligadas a evacuar sus hogares y vivir en alojamientos temporales. El alto tribunal llegó a la misma conclusión en casos idénticos contra Ichiro Takekuro y Sakae Muto, dos exvicepresidentes de la empresa de servicios públicos.

Recomendaciones desatendidas

Los tres ejecutivos fueron procesados originalmente en 2016, acusados de no atender a las advertencias de los sismólogos sobre la posibilidad de que un gran terremoto amenazara la seguridad de la planta. Las contramedidas recomendadas incluían diques más altos para desviar un poderoso tsunami de hasta 15,7 metros y generadores de respaldo adicionales para continuar enfriando los reactores.

La planta fue fuertemente sacudida por el terremoto de magnitud 9 que se produjo a unos 70 km de la costa, y que provocó una serie de tsunamis que azotaron la costa en apenas minutos. Las olas alcanzaron una altura máxima de 40 metros en la localidad de Ofunato, al norte de la central nuclear, aunque el tsunami que asoló Fukushima fue de unos 14 metros. Eso fue suficiente para romper el muro protector e inundar cuatro reactores, tres de los cuales finalmente experimentaron fusiones y liberaron grandes cantidades de radiactividad a la atmósfera.

Inicialmente, los fiscales se negaron a emprender acciones penales contra los tres ejecutivos, pero esa decisión fue revertida cuando un panel compuesto por miembros del público tuvo oportunidad de revisar el caso.

"Desastre provocado" sin castigar, un mal precedente

Los fiscales pidieron que cada uno de los hombres fuera condenado a cinco años de prisión por negligencia. Los acusados negaron las acusaciones en su contra. Y, pese a las advertencias de los sismólogos, el tribunal inferior concluyó que los tres hombres "no podrían haber predicho lógicamente olas de tsunami de más de 10 metros de altura", una posición con la que estuvo de acuerdo el tribunal superior.

La decisión se produce a pesar del fallo del Tribunal de Distrito de Tokio de julio del año pasado, presentado por los accionistas de TEPCO, de que los tres hombres deberían ser responsabilizados por los daños. El tribunal ordenó a los hombres que pagaran una indemnización de 13,3 billones de yenes (unos 103.000 millones de dólares, ó 95.000 millones de euros) en daños, por no haber evitado el desastre.

"Estoy enojado y decepcionado por el fallo, pero no estoy particularmente sorprendido", dijo a DW Hideyuki Ban, director adjunto del Centro de Información Nuclear para Ciudadanos, con sede en Tokio. Los abogados les advirtieron que sería más difícil obtener una condena penal que una compensación a través de una demanda civil, explicó. Pero lamentó que el juez no analizara factores decisivos, como que los ejecutivos no hayan seguido las recomendaciones de instalar mejores defensas.

"El Gobierno ha declarado en su investigación que Fukushima fue un 'desastre provocado por el ser humano', pero, una vez más, nadie es responsable de las decisiones que contribuyeron a ese desastre", lamentó también Aileen Mioko-Smith, activista de Green Action Japan, con sede en Kyoto. "Eso no puede ser algo bueno y sienta un precedente para la misma conclusión cuando algo similar vuelva a suceder en el futuro", agregó.

"Es una decisión terrible para las víctimas, para aquellos que aún no pueden regresar a sus hogares en áreas expuestas a altos niveles de radiación, para aquellos que perdieron sus negocios, pero también para nuestra sociedad", aseguró. Es posible que el fallo sea apelado ante la Corte Suprema, aunque aún no se ha tomado una decisión.

(rml/cp)