“No es ningún secreto que Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua, quiere mantenerse en el poder siguiendo el ejemplo del presidente venezolano, Hugo Chávez, que propaga abiertamente una reelección directa, -que no permiten las constituciones de la mayoría de los países centroamericanos- a través de una modificación constitucional”, escribe el analista Christian Lüth, de la Fundación Friedrich Naumann, cercana al Partido Demócrata Liberal, FDP.

El reporte dirigido a un público alemán recuerda que Ortega no tiene mayoría parlamentaria ni popularidad entre la población. Como la misma disidencia dentro del Sandinismo rechaza, Ortega eligió el poder Judicial para reelegirse de manera indefinida. “La oposición habla de un golpe de estado constitucional”, dice Lüth.

Los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon el pasado 19 de octubre inaplicable el artículo 147 de la Carta Magna, que impide la reelección continua de un presidente y limita a dos el número máximo de mandatos.

La violencia ha vuelto a las calles

“Desde entonces la violencia ha vuelto a apoderarse de las calles en grandes ciudades de Nicaragua y lo que más indigna a los ciudadanos es que la decisión de la corte se produjo el 9 de noviembre, cuando se cumplió un año del fraude electoral en las elecciones municipales de 2008”, afirma el autor.

Ese mismo día una veintena de organizaciones civiles convocaron a una marcha el 21 de noviembre en rechazo a lo que consideran atropellos realizados por Ortega y los magistrados sandinistas.

“Cuando el embajador de Washington en Managua, Robert Callahan, manifestara dudas sobre la constitucionalidad de semejante resolución, fue calificado como “imperialista” por iracundos manifestantes, que lanzaron bombas molotov contra la representación diplomática”, señala Lüth.

“Una protesta aún mayor provocó la visita del presidente de la llamada Internacional Liberal, el político holandés Hans van Baalen, que criticó el estilo de gobierno de Ortega llamándolo dictador”. El político fue conminado a abandonar el país inmediatamente y la cancillería dijo, aludiendo a la nacionalidad de van Baalen, que provenía de un “paisito”. “Eso provocó irritación en el gobierno holandés que destina ayuda al desarrollo al país centroamericano de unos 12 millones de euros”, escribe el analista.

“Quería saber si habría golpe de Estado”

El político liberal holandés se reunió con el Comandante en Jefe del Ejército, Omar Halleslevens, porque quería saber si el Ejército nicaragüense se mantendría de forma neutral ante la crisis constitucional que afecta a Nicaragua, según lo reconoció el mismo después. Es decir, quería saber si habría golpe de Estado en Nicaragua, a lo que el jefe militar respondió que la institución era profesional y no escogía partidos. “Dicha reunión fue suficiente para que el presidente Ortega acusara a van Baalen de preparar un golpe de Estado en su contra”, se queja Luth.

A continuación el autor del informe compara la situación en Nicaragua con la existente en Honduras, “en donde el ex –presidente Zelaya, siguiendo el mismo patrón que Chávez, intentó modificar la Constitución a través de un referéndum". El autor explica que en Honduras tan sólo el intento de modificar el artículo que prohíbe la reelección es punible, con lo que “la reacción lógica era destituir al presidente”, dice Lüth.

“Entre tanto ya se ve un final a la crisis gracias a la intervención de Washington”, indica, opinando que las elecciones del 29 de noviembre pondrán fin a la crisis política. El autor se queja del silencio de la comunidad internacional y sobre todo de la Organización de Estados Americano (OEA), que ha permitido que los presidentes intenten cementar su poder. Según él, “las instituciones que en Honduras defendieron el Estado de derecho hasta el exilio de Zelaya se encuentran en el banquillo de los acusados, mientras que la polarizada justicia nicaragüense ha sido advertida tibiamente”.

Autora: Eva Usi

Editora: Emilia Rojas Sasse