La constelación parecía inmejorable. Pocas veces se habían conjugado en Chile tantos factores propicios para buscar una solución al conflicto mapuche, de tan antigua data: una Convención Constitucional con cupos reservados para representantes de los pueblos originarios, e incluso presidida en su primera fase por una académica mapuche; un proyecto de Carta Fundamental que consagraría un Estado plurinacional; manifestantes que enarbolan banderas mapuches al plantear sus demandas sociales, y, en La Moneda, un nuevo presidente que se muestra expresamente a favor de los derechos indígenas.

Pero Gabriel Boric se topó rápidamente con una realidad dura. A los pocos días de asumir el gobierno, unos disparos lanzados al aire frustraron el primer viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la Araucanía y, por ende, su primer intento de diálogo directo en el terreno. No ha sido el único revés. A fines de abril se conoció la renuncia del coordinador de Asuntos Indígenas del gobierno, Salvador Millaleo.

La tensión no amaina. Por el contrario, una organización indígena radical, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), llamó a la "resistencia armada", después de que el gobierno mencionara la posibilidad de aplicar un estado de emergencia "intermedio”. No se sabe con precisión en qué consistiría, pero se asume que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructuras como carreteras. "Hay una demanda muy fuerte por seguridad pública. Pero la pregunta va a ser cuán eficiente es poner a los militares a custodiar ahí, y qué pasaría si eso redunda en una escalada de violencia, más que en su reducción”, dice a DW Claudio Fuentes, Profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Y acota que no todos los hechos de violencia tienen trasfondo político, porque hay además grupos que se relacionan con actividades delictivas. Fuentes considera necesario diferenciarlos, para lo cual se requeriría "una buena policía, un buen sistema de inteligencia que no existe en el caso de la Araucanía”.

El panorama es complejo para Boric, que había proclamado su intención de abordar el conflicto de manera diferente. El gobierno chileno acaba de anunciar, por ejemplo, que duplicará el presupuesto para comprar tierras reclamadas por indígenas que se encuentran en manos privadas. Un gesto que, sin embargo, no obtiene la reacción esperada, por lo menos en el sector mapuche más radical.

Las heridas del pueblo mapuche

¿Qué ocurre? "Hay una continuidad del conflicto, que en los últimos años se agudizó”, observa Fernando Pairican, académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile. Autor del libro "Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013”, señala que en 1998 comenzó a generarse una política de detención de dirigentes. "En el año 2001, que coincide con el atentado a las torres gemelas, el discurso del terrorismo que capturó a las elites internacionales en Chile se aplicó al caso mapuche”, dice a DW, agregando que esa” ha seguido siendo una forma de leer el conflicto y ha generado un resentimiento o un incremento de sectores más radicalizados”.

A juicio del historiador, "las heridas que ha generado la política de criminalización del pueblo mapuche en los últimos 20 años han hecho que un sector de este no crea en la institucionalidad… hay una generación joven que desconfía de la democracia y, por lo tanto, el camino para una reparación va a ser mucho más largo y con más problemas que lo que se pensaba”.

Pero los grupos radicales no representan a todo el movimiento mapuche, subraya Pairican: "Hay una vía rupturista hacia la autodeterminación, que hace uso de la violencia, y una vía gradualista, que utiliza los espacios políticos que se han abierto a partir del movimiento social”.

La perspectiva constitucional

El sector "institucionalista” del movimiento mapuche cree en la vía de la Convención Constitucional, en la que también participa. "Las y los constituyentes de los pueblos originarios han trabajado con mucha fuerza y dedicación en generar una arquitectura de Estado plurinacional, intercultural, con reconocimiento de la autonomía y con la devolución territorial; incluso se ha generado en la última semana un mecanismo para la restitución de tierras, para poder superar este conflicto en el marco de la democracia”, destaca Pairican. Pero recuerda que también "hay toda una campaña de los sectores más críticos a los derechos indígenas, en la que se dice que se estaría redactando una Constitución indigenista y, por lo tanto, afectaría a la unidad o a la estabilidad de Chile”.Y asegura que eso no es así.

Fuentes coincide: "No es para nada una Constitución ‘indigenista'; acá lo que se está haciendo es avanzar en formas de autonomía, formas de reconocimiento, que son bienes comunes en otras sociedades”, dice, citando ejemplos como los de Nueva Zelanda, Noruega, Canadá o incluso Estados Unidos. "Se habla de reconocimiento del pluralismo jurídico, de formas de autonomía, de reconocimiento de lenguas, y eso es lo que hacen las sociedades que son capaces de integrar y no excluir a los pueblos indígenas”, afirma. Pero acota que el reconocimiento en una nueva Constitución sería solo parte de la solución: "Es el inicio de un proceso”, sostiene.

Caminos para el diálogo

En su opinión, se necesita un espacio de diálogo que dé confianza a todos los sectores. "Yo creo que eso todavía no se crea. Tiene que ser un espacio permanente. Y tienen que estar en la agenda los temas que son las demandas históricas: territorios y autonomía”.

Fernando Pairican plantea, por su parte, "que se debe generar un diálogo, no con un dirigente o una organización, sino con el conjunto de líderes y organizaciones que existen en el movimiento mapuche, pero también crear mecanismos de reparación, para poder generar espacios de confianza y encauzar esto por la vía del diálogo”. En este sentido, lanza una idea que podría facilitar el proceso: "Pienso que una comisión internacional podría ayudar a dar un poco de oxígeno a este conflicto que parece que no tuviera salida, pese a tener un gobierno que se muestra mucho más favorable a los derechos indígenas”.

(cp)