Survival International, con sede en Londres, lanzó una campaña en la que advierte que varios ministros se han visto obligados a renunciar por la presión del gobierno de Ollanta Humala a favor del proyecto Camisea, en el Departamento del Cuzco, en el sureste del Perú. Un documento presentado por el Viceministerio de Interculturalidad advirtió sobre las amenazas que significa para los pueblos en aislamiento el proyecto de expansión, lo que provocó la renuncia del ministro de Cultura, Luis Peirano, la del viceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, y la del director de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, Hernán Coronado.

Las dimisiones pretenden allanar el camino a la expansión de la zona de extracción de gas. El documento planteaba 83 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, presentado por la compañía argentina Pluspetrol para avalar el proyecto. En el consorcio internacional Camisea, participan además Tecpetrol (Argentina), Repsol (España), Hunt Oil (EE.UU.), SK Energy (Corea del Sur) y Sonatrach (Argelia).

"Hay una enorme presión en Perú a favor y en contra. Algunos grupos presionan para llevar adelante la expansión que convertiría a Camisea en uno de los mayores proyectos de gas, pero hay una gran oposición social por el peligro que supone para los grupos no contactados. El contacto con el exterior ya diezmó a su población en el pasado y ellos no tienen nada de qué beneficiarse del proyecto, ni siquiera pueden ser consultados", afirma la experta británica Rebecca Spooner, activista de la organización Survival International.



Rechazo internacional

La expansión del proyecto, que abarcaría gran parte de la reserva indígena conocida como Kugapakori Nahua-Nanti, donde habitan varios grupos no contactados, ha sido recibida con rechazo por parte de la comunidad internacional. Naciones Unidas pidió en marzo pasado una suspensión inmediata del proyecto, recordando el Decreto Supremo que promulgó el gobierno que prohibía cualquier ampliación del mismo, lo que fue condición para recibir un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por su parte, la antropóloga peruana Beatriz Huertas, que ha seguido el caso desde hace años, señala que los que se benefician del controvertido proyecto son, además de las empresas participantes, los funcionarios que promueven dichas actividades. "Hemos visto varios casos en que, una vez concluida su gestión, ex altos funcionarios han pasado a ser importantes representantes de empresas petroleras. Contrariamente, los pueblos que habitan las zonas en donde se extraen los hidrocarburos están expuestos a los impactos negativos de estos, como la proliferación de enfermedades, la contaminación del bosque, el aire, los ríos, el suelo; la destrucción de su territorio, y el surgimiento de problemas derivados de la división fomentada por las empresas petroleras para lograr que la población respalde sus operaciones", advierte.

Durante la fiebre del caucho que se extendió a amplias regiones de la Amazonía en Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador a finales del siglo XIX y principios del XX, la llegada de extranjeros provocó enfermedades y un virtual exterminio de los pueblos indígenas. Entre los riesgos enlistados por el Ministerio de Cultura figura el peligro de contagio de enfermedades que conlleva la llegada de cientos de trabajadores a la zona.



Grupos vulnerables

"La situación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Reserva Kugapakori Nahua Nanti, a la cual se ha superpuesto el lote 88, es particularmente delicada debido a que estos son altamente vulnerables desde el punto de vista inmunológico, demográfico y social. Los territorios en los que se encuentran ahora y en donde se pretende ampliar las operaciones de gas, son un refugio para ellos, dado que han perdido la mayor parte de su hábitat original", advierte la antropóloga.

Para la expansión sería necesario hacer miles de detonaciones y abrir por lo menos veinte nuevos pozos. "Esos trabajadores llegarán con aparatos para provocar explosiones y cualquier contacto entre los trabajadores y los pueblos no contactados podría conducir a la muerte de estos últimos, simplemente porque no cuentan con anticuerpos para enfrentar enfermedades que vienen de fuera", añade por su parte Rebecca Spooner.

Los conflictos sociales originados por los proyectos extractivos, principalmente mineros y petroleros, han marcado buena parte de la gestión de Ollanta Humala, en el gobierno desde julio de 2011. Sus críticos le reclaman que fue electo como político de izquierda, pero ha gobernado como conservador, anteponiendo su política de promoción de la inversión en el país a cualquier otro criterio.



Desarrollo a toda costa

"Bajo el argumento de que el país necesita desarrollarse, y teniendo que asumir compromisos con empresas petroleras para que éstas puedan explotar el gas, se ejerce presión sobre las autoriddes responsables de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. No se puede hablar de desarrollo cuando éste está basado en la violación de los derechos humanos", advierte Beatriz Huertas.

La economía peruana ha mantenido un ritmo de crecimiento de 6,7% desde 2003, uno de los más altos de Latinoamérica. Sin embargo, el desplome de los precios de minerales lo ha frenado, por lo que se espera un 5% este año.

La antropóloga destaca que en la capital, Lima, domina un cliché sobre la Amazonía como un lugar exótico y propicio para la aventura, con una innagotable fuente de riquezas por explotar. "Si se supiera que el gas que es utilizado en la ciudad es el resultado de un proceso que genera graves impactos a la población de las zonas en donde se extrae habría un rechazo a este tipo de economía y sus efectos", concluye.

Autora: Eva Usi

Editor: Diego Zúñiga