Tres días después de la detención de Dogan Akhanli en España, el gobierno alemán hizo declaraciones en Berlín sobre las actividades de Interpol. ¿Por qué fue encarcelado este escritor, que vivía en Colonia, a petición de Turquía, a pesar de que las acusaciones contra él "olían a persecución política”? Exactamente así lo formuló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Martin Schäfer, que normalmente es más recatado con sus declaraciones.

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En el marco de la rutinaria conferencia de prensa del gobierno alemán, Schäfer se refirió también al artículo 3 de la Constitución de la Interpol. Según este artículo, la Interpol está obligada a mantener la neutralidad política en sus actuaciones. Esto también es aplicable a cuestiones relativas a temas militares, religiosos o raciales. Schäfer remarcó que, en un Estado de derecho, no se plantearía la extradición de Akhanli ni con "la mejor de las voluntades”.

"Tanteamos a oscuras”

Por su parte, el portavoz del gobierno, Steffen Seibert, declaró que tenían plena confianza en España como Estado de derecho. Ya excarcelado, el escritor espera ahora las próximas actuaciones de las autoridades. Por ahora, no puede salir de España. Y, al parecer, en el gobierno alemán nadie sabe porqué se aceptaron las exigencias turcas en base a lo que se conoce como una "nota roja”. Este documento no es una orden de arresto internacional, sino una llamada para localizar a una persona en concreto con el objetivo de detenerla provisionalmente para luego entregarla.

Schäfer también mencionó las acusaciones de Turquía: robo y asesinato. Tales acusaciones vienen de hace décadas y Alkhanli fue declarado inocente por un tribunal turco en 2010. Sin embargo, se le volvió a acusar en Turquía en 2013.  Ese mismo año se emitió también la "nota roja”, que sirvió ahora como base para su detención. "Estamos tanteando a oscuras y especular no nos va a ayudar”, dijo Schäfer a modo de valoración provisional de la situación.

"¡Es un alemán!"

La canciller Angela Merkel acusó este domingo a Turquía de abusar de la Interpol. El lunes (21.08.2017), el portavoz de Merkel, Steffen Seibert, echó aún más leña al fuego planteando la sospecha de que la Interpol esté siendo utilizada por el gobierno turco para "apresar a políticos críticos con tales intentos de detención”. Seibert se mostró especialmente indignado porque la "nota roja” ejecutada contra Akhanli en España va dirigida a un ciudadano que no es de ese país: "¡Se trata de un ciudadano alemán!”

Básicamente, cada Estado tiene la potestad de determinar cómo actuar ante esa petición de detención. No hay obligación de participar activamente. Sin embargo, los 190 países miembros de Interpol coinciden en que la "nota roja” y otras formas de apoyo mutuo son herramientas efectivas para combatir delitos de cualquier tipo, incluido el terrorismo. En ese contexto, la Interpol también trabaja con Naciones Unidas para vigilar las sanciones, independientemente de si se trata de personas, Estados u organizaciones terroristas.

Por otra parte, tampoco existen tratados internacionales sobre este tema. En términos legales, Interpol es una asociación. Ni los parlamentos nacionales ni otras instituciones pueden controlar la labor de la organización. Estrictamente hablando, se trata una práctica global basada en la "buena voluntad” para cooperar. Hay mucho que hacer en este tema, y solo la lista de casos con la mencionada "nota roja” publicada en Internet ocupa 17 páginas. Entre ellos, 15 con nacionalidad alemana. Además, esta organización dirigida desde 2014 por el alemán Jürgen Stock publica también otras listas, como la que recopila las llamadas "notas amarillas”, que ocupa 128 páginas con nombres y fotos de personas desaparecidas.

Autor: Marcel Fürstenau (JG/VT)