El gobierno de Ecuador calificó el sábado (04.03.2023) de intento de "desestabilización" un informe del Congreso que recomendó un juicio político al presidente Guillermo Lasso por aparente corrupción.

Con 104 de 137 votos el pleno del Congreso allanó el camino para un enjuiciar al mandatario, al aprobar el sábado el "Informe del Gran Padrino: Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado", realizado por una comisión anticorrupción.

"No es un acto de fiscalización sino de evidente desestabilización", expresó después el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en un video. Por su parte, Lasso escribió en Twitter que el informe aprobado "carece de sustento lógico, probatorio y jurídico".

El Congreso investigó a Lasso a raíz de que el portal La Posta reveló una supuesta estructura de corrupción montada en empresas públicas por Danilo Carrera, cuñado del mandatario.

Audios difundidos por ese medio involucran supuestamente a Carrera, quien no ha ocupado cargos en el gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).

"El pleno de la Asamblea Nacional una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la comisión ocasional, que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante", agregó Cucalón.

Tras la aprobación del informe, Lasso solicitó a la Fiscalía que "desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda rigurosidad y profundidad", según una carta que publicó también en Twitter.

Agregó que el reporte aprobado por el Congreso "continene elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción", pero pese a ello ha solicitado al Ejecutivo que "conteste con celeridad" los requerimientos de la Fiscalía.

La aprobación del informe no implica el inicio de un juicio político. Para llegar a esa instancia debe haber un pedido formal, apoyado por 46 asambleístas (la tercera parte de los diputados).

La solicitud luego debe ser estudiada por la Corte Constitucional, que da vía libre o no a su trámite en el Congreso. Para dar paso a la destitución se requiere el voto de dos terceras partes (92) de los asambleístas.

gs (afp, El Comercio)