Con una campaña donde se presenta como “Ni corrupto ni ladrón”, el cómico televisivo Jimmy Morales empieza a subir en las encuestas de cara a las presidenciales de 2015. El hecho de venir de fuera del mundo político, muy cuestionado por sucesivos escándalos de corrupción, le jugó a favor. Morales ganó a Sandra Torres en segunda vuelta, donde obtuvo el 65,48 por ciento de los votos.

En noviembre de 2016, el Tribunal Supremo Electoral denunció que el derechista Frente de Convergencia Nacional – Nación recibió financiamiento electoral ilegal por un monto cercano al millón de dólares. Como Morales lideraba la tienda política, se le sindicó como responsable. Se dio plazo al partido hasta el 31 de agosto de 2017 para pagar una multa de 60 mil dólares.

El 26 de agosto de 2017, Morales acusa al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, de presionar a diputados para que aprueben reformas constitucionales. Por ello, declaró “non grato” al jefe de la comisión que investiga la corrupción en el país. Muchos vieron en este acto una movida política que buscaba blindar al mismo Morales. La Corte de Constitucionalidad suspendió la orden de Morales.

El Tribunal Supremo Electoral decide suspender al partido de Jimmy Morales porque no pagó la multa de 60 mil dólares que se le había impuesto. El Frente de Convergencia Nacional – Nación está impedido de realizar toda clase de actividades.

Tres solicitudes de antejuicio contra Morales llegaron a manos de la Justicia. Una de ellas era de la CICIG y del Ministerio Público, que acusan al mandatario de financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la medida, pasando el caso al Congreso, que debía tomar una decisión al respecto.

Una comisión pesquisidora formada por cinco diputados conoció los documentos que se presentaron en contra de Morales. También escuchó a su defensa, aunque el mandatario decidió no asistir a la citación que le hicieron los parlamentarios. Tras analizar los antecedentes, la comisión recomendó quitar la inmunidad del jefe de Estado, aunque no halló datos que lo incriminaran directamente.

El Parlamento votó por mantener la inmunidad del mandatario, lo que lo libera de ser sometido a juicio por la justicia civil. Sin embargo, su imagen quedó fuertemente dañada, especialmente por su choque con la CICIG. A nivel internacional, Guatemala también perdió en términos de imagen. Morales queda debilitado tras todo el proceso.