Gobierno de Perú no acepta renuncia de vicepresidenta Aráoz
2 de octubre de 2019
El Gobierno de Perú considera que la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz no es efectiva porque la presentó ante un Congreso que "no existe", afirmó el primer ministro peruano, Vicente Zeballos.
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"Desde una perspectiva política y constitucional, ella sigue siendo vicepresidenta de Perú", remarcó Zeballos en la emisora RPP Noticias al comentar la renuncia "irrevocable" que presentó Aráoz este martes (1.10.2019) ante el presidente del Congreso, que fue disuelto el lunes por el presidente Martín Vizcarra.
Zeballos enfatizó, en ese sentido, que "ella renunció ante el presidente del Congreso, y el Congreso no existe, ha quedado disuelto" en uso de las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente. "Lo que está en ejercicio es la Comisión Permanente, ella sigue siendo primera vicepresidenta en estos momentos", ratificó.
El primer ministro manifestó, además, la "disposición" de Vizcarra para mantener una buena relación y entablar conversaciones con "mayor fluidez" con Aráoz, a pesar de que esta asumió durante la confusa jornada del lunes el cargo de "presidenta en funciones", que le otorgó una facción del Congreso que rechaza haber sido disuelto.
Sin embargo, Aráoz envió el martes una carta al presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, para informarle que renunciaba a la vicepresidencia porque "se ha roto el orden constitucional" en el país y que espera que su decisión "conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país".
Tras disolver el Congreso, el Ejecutivo convocó a nuevas elecciones legislativas para el próximo 26 de enero, tal como estipula la Constitución peruana para estos casos.
Aráoz también renunció a la "presidencia en funciones" que, poco antes, admitió que asumió en un acto de carácter político, sin mayor efecto en la conducción del país.
Desde que juró como "presidenta en funciones", Aráoz ha evitado el contacto público y permanece en su domicilio en un distrito residencial de Lima, desde donde solo ha ofrecido algunas entrevistas.
Reacción internacional
Actores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), o el Gobierno alemán, se han pronunciado esta semana sobre la criris política peruana, pidiendo a ambas partes atenerse al orden constitucional y confiando en una solución que no ponga en peligro la paz y la estabilidad del país.
rml (efe, rpp)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
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Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.