El Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia en la sureña región Puno por 60 días para que las Fuerzas Armadas dirijan el control del orden interno en esa jurisdicción, con apoyo de la Policía Nacional de Perú (PNP), de acuerdo con un decreto publicado este domingo (04.06.2023).

Puno es una región surandina, fronteriza con Bolivia, donde se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de inicios de 2023 y que mantuvo el bloqueo de caminos y carreteras por más tiempo.

La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno convocaron a un paro de 24 horas para retomar las movilizaciones de protesta contra Boluarte, pero el acatamiento a la medida fue bajo.

La prórroga del estado de emergencia en Puno responde a la aplicación del artículo 137 de la Constitución Política, inciso 1, que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) continúe asumiendo el Comando Unificado del Ejército y la PNP en Puno, de acuerdo con las normas legales vigentes que definen los alcances de un comando militar en una situación similar.

Durante este periodo de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales -con intervención y apoyo de la PNP- y la protección a instituciones públicas, privadas e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y vías que determine la Policía.

En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas, similar a la que hicieron a inicios de 2023 y que fue uno de los últimos actos de movilización tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado de Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al Gobierno de Boluarte, quien asumió el Ejecutivo por ser la vicepresidenta.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 decesos ya que otras personas, entre ellas varias haitianas, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.

ama (efe, radio nacional, el comercio)