El Consejo de Ministros de Irak aprobó este domingo (09.08.2015) por unanimidad la propuesta de reformas presentada por el primer ministro Haidar al Abadi, que busca poner fin a la corrupción y los privilegios políticos, asuntos que han provocado una ola de críticas contra el Ejecutivo y también desatado protestas entre la ciudadanía, que salió a las calles en Bagdad y el sur del país el pasado viernes 7 de agosto.

Incluso autoridades religiosas habían llamado a Al Abadi a ser más “valiente” en la lucha contra la corrupción. Por todo ello, el Consejo se reunió de forma extraordinaria este domingo, para dar luz verde a la iniciativa del premier, que incluye el recorte de los privilegios especiales de los máximos dirigentes y la supresión del puesto de viceprimer ministro, ocupado por Saleh al Mutlak, y el de vicepresidente, en manos del ex primer ministro Nuri al Maliki.

Al Maliki, en un breve comunicado, ha mostrado su apoyo a las reformas “requeridas por el proceso político y que han sido guiadas por la máxima autoridad religiosa y por el primer ministro”. Asimismo, el presidente del Parlamento, Salim al Yaburi, destacó la disposición de la Asamblea Legislativa de “apoyar todas las reformas tomadas por el Ejecutivo dentro del marco constitucional”. Se espera que el martes 11 de agosto la iniciativa sea revisada por el Parlamento.

Menos guardaespaldas

Otras medidas sugeridas por Al Abadi, quien ha intentado impulsar la unidad nacional para respaldar la campaña militar internacional encabezada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, son la creación de una comisión anticorrupción, reformas económicas y en el sector de servicios y la reducción del número de guardaespaldas para los funcionarios del Estado con el objetivo de recortar el gasto público.

Miles de personas se manifestaron el viernes en distintos puntos del país para protestar contra la corrupción rampante, el deterioro de los servicios, especialmente la electricidad y el agua, así como contra la situación de inseguridad y el empeoramiento de las condiciones de vida. El ayatolá Ali al Sistani, máxima autoridad religiosa, secundó las exigencias, llamando al gobierno a tomar “medidas importantes, determinantes, en el campo de la lucha de la corrupción y para hacer realidad la justicia social”.

La ocupación de Mosul, en julio del año pasado por parte del grupo yihadista Estado Islámico, desató una profunda crisis de Gobierno que gatilló la salida del entonces primer ministro Nuri al Maliki, al que se le acusó de sectarismo y de no ser capaz de evitar dicha invasión. Desde entonces, las autoridades apenas han podido contener al grupo radical, que ha proclamado un califato en los territorios de Siria e Irak que controla.

DZC (EFE, dpa)