Un grupo de académicos, intelectuales, abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas presentó una denuncia contra el presidente Felipe Calderón, altos funcionarios de su gobierno, militares, pero también contra narcotraficantes ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, acusándolos de crímenes de guerra.

La demanda ha sido respaldada por unas 20 mil firmas a través de internet y otras cinco mil recogidas en papel, fue presentada hoy ante el tribunal por el abogado Netzaí Sandoval y en ella se acusa al primer mandatario mexicano, Felipe Calderón, al capo Joaquín Guzmán Loera, líder del Cartel de Sinaloa, al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y al secretario de Marina,  Francisco Saynez Mendoza, entre otras autoridades, militares y narcotraficantes de crímenes de guerra en México, en un conflicto que ha dejado más de 50 mil muertos.

Un total de 700 páginas documentan más de 470 casos presentados como violaciones a los derechos humanos, ocurridos a partir de 2006 y calificados de delitos de tortura, desapariciónes, asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales y reclutamiento de menores.

Responsabilidad diferenciada

Tras la presentación de la demanda, los denunciantes esperan que la fiscalía del Tribunal de la Haya abra una investigación preliminar. Según el abogado que presentó la demanda, la responsabilidad penal de Calderón es diferente a las de los altos cargos del ejército y las de los narcotraficantes.

Netzaí Sandoval dijo que Calderón es responsable de los crímenes no por acción, sino por omisión, tal como recoge el artículo 28 del Estatuto de Roma, documento fundacional de la Corte.

La acusación denuncia que el Ejército ha violado a mujeres y a niñas, ha torturado, ha amputado partes del cuerpo y ha provocado desapariciones forzosas. En el caso de los capos del narcotráfico, los crimenes se traducen en el reclutamiento de menores a las filas de los cárteles para convertirlos en sicarios, de mutilaciones y asesinatos cotidianos para enviar mensajes al enemigo.

Rampante impunidad

El documento dice que el conflicto se caracteriza por una rampante impunidad pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes. Los firmantes lamentan que los tribunales de México se encuentren prácticamente impedidos para juzgar al ejecutivo federal, a lo que se suma la falta de autonomía del Procurador General de la República, lo que significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares responsables de esta crisis.

"Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes corresponde a la Corte Penal Internacional terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México desde hace por lo menos 4 años”, reza el texto de la demanda. Los firmantes piden al fiscal Luis Moreno Ocampo iniciar una investigación de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma. Por el número de firmantes, se trata de la mayor demanda civil recibida por la Corte en su historia.

Autora: Eva Usi

Editor: Pablo Kummetz