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Gobierno y oposición logran consenso en torno a la ley de inmigración

17 de junio de 2004

El gobierno alemán logró un consenso con la oposición para la ley de inmigración, destinada a favorecer la entrada de trabajadores cualificados e impulsar su integración y, por otro lado, acelerar la expulsión de extremistas islámicos.

La ley, que se someterá a la aprobación de las cámaras baja y alta (Bundestag y Bundesrat) antes de la pausa del verano, tiene tres puntales: la canalización de la inmigración, la integración de los extranjeros y los procesos rápidos contra islamistas.

Se simplificarán los hasta ahora complejos procesos de expulsión de presuntos extremistas islámicos y los denominados "predicadores de odio", es decir, quienes difundan desde templos o lugares públicos pronunciamientos que inciten al odio y el racismo. En el futuro, podrán ser expulsados aquellos individuos sobre los que haya sospechas fundamentadas de peligrosidad, cuestión que decidirán los responsables de Interior de los estados federados.

Asimismo, se reforzará la vigilancia sobre quienes no puedan ser expulsados por estar amenazados de tortura en sus países de origen, que quedarán obligados a presentarse regularmente a las autoridades. Los estudiantes extranjeros obtendrán permiso de residencia indefinido una vez completados sus estudios, capítulo con el que se pretende atraer a los mejores cerebros a Alemania. Los extranjeros no comunitarios solo podrán optar a aquellos trabajos que no puedan desempeñar un alemán o ciudadano de la UE.

Asimismo, el gobierno costeará cursos de integración tanto para los recién llegados como para los extranjeros residentes en el país desde hace años que siguen sin dominar su idioma. La participación en esos cursos será obligatoria. Negarse a hacerlo implicará pérdida de permiso de residencia o recortes en prestaciones de desempleo o asistencia social.

El consenso prevé el reconocimiento del llamado asilo humanitario, apartado en el que se incluyen a mujeres en cuyos países se practica la ablación. No se tolerará la permanencia en el país de peticionarios de asilo rechazados, pero se dará permiso de residencia a los refugiados de guerra ya acogidos en el país.