El lunes 1 de abril, el presidente de Colombia Gustavo Petro calificó como un "golpe antidemocrático” la inhabilitación de María Corina Machado por parte de las autoridades administrativas del régimen de Nicolás Maduro.
Al día siguiente, Francisco Palmieri, jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, declaró que la administración de Biden mantenía su posición respecto a que María Corina Machado debía ser habilitada y participar como candidata en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Palmieri recalcó que "si quieren legitimidad, hay que avanzar hacia una elección competitiva e inclusiva”.
Estas críticas y exigencias se suman a las declaraciones que en el mismo tenor han sido expresadas durante la última semana por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; el portavoz adjunto de Relaciones Exteriores de Alemania, Christian Wagner; el portavoz principal de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano; el Departamento de Estado de los Estados Unidos; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá.
El bloqueo de Corina M y Corina Y
De igual forma, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en una declaración conjunta suscrita el 25 de marzo, manifestaron su "seria preocupación" por el desarrollo del proceso electoral venezolano. La inquietud de estos gobiernos de la región no solo se limita a las inhabilitaciones de opositores y al bloqueo de la inscripción de Corina Yoris en el CNE, sino que también abarca la "integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad".
La creciente ola de críticas internacionales debido a las flagrantes violaciones a las garantías y derechos electorales de los venezolanos, así como el hecho de que dentro de estas relevantes voces se encuentren gobernantes y lideres de izquierda, como Lula, Petro y el ex presidente uruguayo José Mujica, quienes históricamente han respaldado al régimen chavista, ha socavado considerablemente los intentos de Nicolás Maduro de convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela se está llevando a cabo un proceso electoral democrático, justo y transparente.
Dentro de los pocos que han alzado la voz internacionalmente para respaldar a Maduro están los gobiernos no democráticos como Nicaragua, Cuba y China. Tanto Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, como Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, y Lin Jian, portavoz de la Cancillería China, expresaron su oposición a la injerencia de otros países en los asuntos internos venezolanos. No obstante, el impacto del respaldo de estos regímenes autocráticos, en términos de legitimar las próximas elecciones presidenciales venezolanas, es limitado e incluso contraproducente.
Insultos soeces del régimen de Maduro contra críticos de la izquierda latinoamericana
La evidencia del fuerte impacto negativo que las críticas internacionales han tenido sobre la estrategia de legitimación electoral del régimen autocrático de Maduro se refleja en las respuestas destempladas que han dado sus principales portavoces frente a los cuestionamientos recibidos.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, usando una expresión despectiva y vulgar, arremetió en sus redes sociales contra Petro, Lula y Mujica, manifestándoles: "No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”.
Nicolás Maduro, por su parte, no vaciló en señalar, de manera implícita pero inequívoca, a Lula, Petro y Mujica como representantes de una "izquierda cobarde” y cómplice, incapaz de condenar los golpes y maniobras que amenazan la paz de la revolución bolivariana. Así mismo, Maduro desestimó las opiniones de los gobiernos que han cuestionado el sistema electoral venezolano, calificándolos como parte de un "circo internacional".
Previamente, el canciller venezolano Yván Gil, en un comunicado fechado el 26 de marzo, acusó la Cancillería brasileña de injerencista, sugiriendo que actuaba bajo la influencia de los Estados Unidos. Del mismo modo, en otro comunicado fechado el 28 de marzo, acusó al gobierno estadounidense de ser los "dueños de este circo que intenta desacreditar las próximas elecciones presidenciales".
En la misma línea oficialista, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de un comunicado fechado el 28 de marzo, acusó a la administración Biden de intentar "desprestigiar" las elecciones venezolanas. Amoroso señaló que la inscripción de 13 candidatos postulados por 37 organizaciones y partidos políticos para las próximas elecciones presidenciales es "una fabulosa demostración de la diversidad política e ideológica de la oferta política en Venezuela". En su comunicado, Amoroso dio a entender que la exclusión de Corina Yoris del tarjetón electoral se debe a la falta de respaldo de organizaciones políticas registradas o a la falta de apoyo de un grupo importante de electores.
Maduro trata de zafarse del "crucial" Acuerdo de Barbados
Aparte de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado por parte de funcionarios administrativos, así como el bloqueo a Corina Yoris "sin justificación política, ni legal”, tal y como lo denunció Lula, la gran mayoría de los reclamos expresados por los gobiernos coinciden en la violación flagrante y continuada por parte del régimen de Maduro del llamado "Acuerdo de Barbados”.
Este acuerdo, cuyos compromisos se limitan a establecer los derechos políticos y garantías electorales mínimas que deben darse para que las próximas elecciones puedan considerarse democráticas, se ha convertido para el régimen de Maduro en una camisa de fuerza de la cual ha intentado evadirse. Ya sea acusando a la oposición de incumplirlo o intentando sustituirlo por el llamado "Acuerdo Amplio de Caracas”, suscrito el 29 de febrero de ese año. Este acuerdo fue suscrito con un conjunto de fuerzas políticas cuya condición real de opositores está fuertemente cuestionada por la opinión pública. Hasta el momento, ambas tácticas han fracasado pues la comunidad internacional sigue utilizando los compromisos de Barbados como la verdadera referencia para juzgar el desarrollo y la legitimidad del proceso electoral venezolano.
Apelando al Acuerdo de Barbados, María Corina Machado se dirigió este 3 de abril a los gobiernos de 18 países y al Alto Representante de la Unión Europea (UE), denunciando que cinco meses después de su firma, este compromiso ha sido "integralmente violado” por parte del régimen de Nicolás Maduro. Machado enumera en su misiva una la larga lista de graves violaciones a las garantías y derechos electorales de la oposición, y advierte sobre la posibilidad de que ella sea objeto de una detención injustificada. Por ello, considera indispensable extremar los recursos diplomáticos para que se cumplan las condiciones establecidas en este acuerdo.
El 3 de abril, luego de una visita de dos días a Venezuela, el secretario de Estado del Reino de Noruega, Andreas Motzfeldt, calificó como "crucial" el respeto al Acuerdo de Barbados, subrayando la necesidad de que la comunidad internacional respalde el Acuerdo y se establezca la Comisión de Seguimiento y Verificación prevista en el mismo. Motzfeldt no abordó en su declaración cuál había sido la respuesta del régimen de Maduro a esta solicitud.
(jov)