En 2011 se inició el proceso de apertura democrática en Birmania. La pregunta clave entonces era cuánto poder estaban dispuestos a ceder los militares.

Había entonces escépticos que no confiaban en los generales y solo veían una dictadura militar disfrazada de democracia. Y había también optimistas que veían de hecho un nuevo comienzo y oportunidades para la democratización.

Avances iniciales...

Al principio, sin duda predominaron las señales positivas. Los militares, encabezados por el exgeneral y presidente reformista, Thein Sein, tomaron en serio el tema de la apertura del país. Aung Sann Suu Kyi fue liberada de su arresto domiciliario, al igual que muchos políticos encarcelados de la Liga Nacional para la Democracia (LND). También se relajaron las restricciones a la libertad de prensa.

En las elecciones parlamentarias de 2015, la LND obtuvo una victoria aplastante. Los militares y su partido, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), aceptaron la derrota. El riesgo era pequeño, porque el Ejército controla constitucionalmente una cuarta parte de todos los escaños en todos los parlamentos y los ministerios de Defensa, Seguridad Fronteriza e Interior. Había indicios de que los militares estaban dispuestos a ceder.

...luego llegó el retroceso

La LND, legitimada por las elecciones, logró convencer a los militares para que Aung San Suu Kyi se convirtiera en jefa de facto del Gobierno, una especie de primera ministra, un cargo que no está previsto en la Constitución. El artífice de esta medida, el abogado Ko Ni, fue asesinado a tiros en la calle poco después en el aeropuerto de Yangon. El perpetrador fue capturado, pero nunca se identificó al autor intelectual. Sin embargo, cabe suponer que los militares enviaron un mensaje a la LDN: ¡No nos reten! El Ejército, que se ve a sí mismo como un garante de estabilidad y unidad del país, no quiso aceptar que otros establecieran las reglas del juego.

Sin embargo, la LND siguió apostando por la confrontación. En lugar de abordar reformas que hubieran beneficiado a la población, invirtió mucha energía en enmiendas constitucionales poco prometedoras. Los militares pudieron evitarlas gracias a su minoría de bloqueo garantizada por la Constitución.

La relación entre Aung San Suu Kyi y Min Aung Hlaing, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se deterioró notablemente. La controvertida comparecencia de Aung San Suu Kyi ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde defendió al país y al Ejército contra las acusaciones de genocidio contra los rohingyá, no surtió efecto para cambiar dicha situación.

Elecciones decisivas

En las elecciones más recientes, de noviembre de 2020, Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia obtuvieron el 83 por ciento de los votos, otra victoria aplastante. El Ejército cuestionó el resultado de las elecciones y denunció manipulación. La comisión electoral creada por el gobierno civil rechazó las acusaciones. Una demanda presentada por el ejército sigue pendiente en la Corte Suprema.

Ahora los militares acaban de dar un golpe de Estado y se proponen asumir el gobierno durante un año, además de reformar la comisión electoral. El golpe lo justifican con el artículo 417 de la Constitución, que permite a los militares tomar el poder si una emergencia amenaza la soberanía o la unidad del país. El Ejército cree estar en su derecho. Pero el argumento paradójico: los militares tuvieron que abolir la democracia para salvarla.

La respuesta a la pregunta inicial sobre cuánto poder están finalmente dispuestos a ceder los militares es: no quieren ceder en nada.

(rmr/ers)