La discusión en torno a si la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podrá seguir operando en la nación centroamericana ha llegado a un punto inesperado: unilateralmente, el Gobierno de Jimmy Morales dio por terminada la cooperación con esa agencia de la ONU el pasado lunes (7.1.2019), un día después de que uno de los funcionarios de la CICIG fuera retenido durante horas en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala para impedirle la entrada al país. El Ejecutivo les ordenó a los demás trabajadores de la comisión abandonar Guatemala en un lapso de veinticuatro horas, que se vencía en el transcurso de este 8 de enero.

Caso omiso a la Justicia

Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, India, Japón, México, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Suiza y los socios de la Unión Europea suscribieron conjuntamente un comunicado este martes (8.1.2019) en el que manifestaban su preocupación por los acontecimientos de los últimos días. "Es importante que el Gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la separación de poderes”, reza un segmento del documento. "Reiteramos nuestro apoyo a los esfuerzos de las instituciones democráticas en la lucha contra la corrupción e impunidad, y por el respeto de los derechos humanos”, acota.

Esas palabras dejan entrever lo que está en juego en Guatemala. El pasado 7 de enero, Jordán Rodas, ombudsman local en materia de derechos humanos, introdujo un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la decisión de Morales y, este miércoles (9.1.2019), ese tribunal falló en contra del mandatario. Pero Morales ha señalado más de una vez que él no se dejará presionar por sentencia alguna. De hecho, el presidente le prohibió a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, regresar de Estados Unidos a Guatemala para continuar sus labores, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad declaró ilegal esa medida ejecutiva.

Poderes secuestrados

"El Estado de derecho está siendo desmontado y el país se encamina a un golpe técnico de Estado”, sostiene Johanna van Strien, quien trabaja en Guatemala para la organización humanitaria no gubernamental alemana Brot für die Welt (Pan para el Mundo). El poder judicial es el último de los tres poderes públicos que conserva cierto grado de independencia; de ahí que la situación en esa pequeña nación latinoamericana sea tachada de grave. Aparte del propio presidente, son muchos los parlamentarios que han sido acusados de corrupción y tienen interés en torpedear el trabajo de la CICIG. Morales dejó de apoyar a la comisión a mediados de 2017.

Fue entonces cuando se le imputó el haber financiado ilegalmente su campaña electoral. "El presidente Morales quiere presentar la crisis actual como un problema entre él y yo; pero, para mí, este no es un conflicto personal”, dijo Iván Velásquez al hablar con DW en noviembre de 2018. "Los sectores afectados por nuestras investigaciones han decidido atacarnos frontalmente para entorpecer nuestra labor y detenerla”, agregó el jefe de la CICIG en aquella entrevista. Juristas arguyen que una cancelación unilateral de la cooperación entre el Gobierno y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no es legal.

(erc/jov)

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