"No creo que podamos darnos el lujo de ignorar los problemas identificados por la Comisión de Pensiones", dijo el secretario de Trabajo y Pensiones, John Hutton, al parlamento británico. Creada hace tres años, la Comisión de Pensiones fue requerida para estudiar los problemas a los que se enfrenta el sistema de pensiones en Gran Bretaña, presionado por una población laboral que envejece y cuyo déficit alcanza 57.000 millones de libras.

El problema del gasto público

Muchos países industrializados como Estados Unidos, Alemania o Japón tienen problemas similares. A medida que la población envejece y la tasa de natalidad cae, hay menos personas que trabajen para pagar al cada vez mayor número de pensionistas.

La Comisión de Pensiones propuso elevar la edad a la que los ciudadanos comienzan a cobrar la pensión del estado "al menos hasta los 67 años", en relación a los 65 actuales, para 2050. Y añadió que los empleados deberían tener automáticamente planes estatales o planes privados.

Las filtraciones del texto de la Comisión se han convertido en un asunto político candente en Gran Bretaña. La prensa había especulado con que podían desatar tensiones entre el primer ministro, Tony Blair, y su ministro de Finanzas, Gordon Brown, si las medidas suponen un gran costo. En el informe se lee que las reformas propuestas no requerirían ningún alza importante en el gasto público en los próximos quince años, pero que se necesitaría un incremento pasado este periodo.

Engordar las pensiones

La Comisión de Pensiones estuvo presidida por Adair Turner, ex director general del grupo de empleadores de la Confederación de la Industria Británica, quien dijo que su objetivo eran "políticas que con el tiempo hagan más generosas las provisiones para pensiones y que permitirán un aumento paulatino de la edad de jubilación ante un incremento de la esperanza de vida".

Tony Blair apoya el informe de Turner. Sin embargo, el primer ministro británico dijo que las reformas deben ser asequibles, una posición que podría dejar espacio para que se rechacen algunas de las recomendaciones.

No se tomarán decisiones firmes por el momento. El informe dará lugar a un proceso de consultas que llevará a propuestas detalladas que el gobierno publicará en la primera mitad del 2006.