Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo público su veredicto sobre el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. El tribunal con sede en Costa Rica concluyó que el Estado venezolano atentó contra la libre circulación de ideas y opiniones en 2007, cuando el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se negó a renovar la concesión de transmisión de RCTV, uno de los medios que más duramente había criticado su gestión. Deutsche Welle habló con el empresario Marcel Granier sobre el porvenir de la televisora que él preside; un futuro ensombrecido por la reluctancia del establishment chavista a acatar la sentencia de la Justicia continental.

Deutsche Welle: Dr. Granier, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha exigido al Estado venezolano restablecer la señal de RCTV, indemnizar a sus propietarios y devolverles los activos que les fueron incautados. ¿Qué tan confiado está usted en que esa orden será cumplida?

Marcel Granier: Estoy absolutamente convencido de que lo vamos a lograr. El Estado venezolano deberá obedecer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es inapelable. Después de todo, el Estado venezolano participó en el proceso judicial desde el principio hasta el final, con la presencia de figuras como el Procurador General de la República, con abogados, con expertos, con testigos... Esta no fue una querella cualquiera, sino un juicio formal ante una corte internacional.

Hasta ahora, el presidente Nicolás Maduro no ha asumido posición alguna de cara al pronunciamiento de ese tribunal…

Es que uno en Venezuela ya no sabe quién habla oficialmente en nombre del Ejecutivo ni qué poder público es responsable por lo que ocurre en uno u otro ámbito de la vida nacional. En el país no existe la independencia de poderes y, por si fuera poco, todas las instancias del Estado –incluidas las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral– están sometidas a los designios de la dictadura cubana. Al primero que escuchamos desconociendo la sentencia de la corte interamericana fue al capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Poco después, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se alineó con Cabello y alegó que el fallo en cuestión era inejecutable, violando todos los tratados firmados por Venezuela en el campo de los derechos humanos y lo pautado en los artículos 23 y 31 de la Constitución venezolana.

Esa no es precisamente una respuesta esperanzadora…

Bueno, depende de cómo se vea. La negativa de estos funcionarios públicos a aceptar el fallo de un tribunal internacional nos ahorra el esfuerzo de reunir evidencias contra el Gobierno nacional para demostrar los perjuicios que éste ha ocasionado. A confesión de parte, relevo de pruebas. Estos funcionarios se han encargado de confirmar que en Venezuela no existe la independencia de poderes públicos, que aquí no se respetan los derechos humanos y que aquí no se reconocen los tratados internacionales.

La renuencia del Gobierno de Hugo Chávez a renovar la concesión de transmisión de RCTV en 2007 funcionó como una medida ejemplarizante. ¿Tiene usted algo que reprocharle a los propietarios de otros medios que dejaron de criticar abiertamente al chavismo por temor a represalias?

Cada quien es dueño de su consciencia y responsable de sus actos. Me pareció lamentable que no se pronunciaran en aquel momento, pero ellos habrán tenido sus razones. Lo que sí puedo decir es que entre los beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están televisoras privadas como Venevisión, Televen y Globovisión, que han padecido sus propios problemas a la hora de ver renovadas sus concesiones de transmisión. Este fallo les allana el camino para defenderse. Las vueltas que da la vida, ¿no?

En el marco del caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela se discutió sobre la actuación de RCTV antes, durante y después del golpe de Estado contra Hugo Chávez (11.4.2002), tildado con frecuencia de “golpe mediático”. El Gobierno acusó informalmente a esa y otras televisoras de haber instigado y apoyado el alzamiento militar. Pero el investigador venezolano Antonio Pasquali, quien declaró como experto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que, de ser necesario, RCTV podría defender su actuación en abril de 2002 apegándose al artículo 350 de la Constitución venezolana, según el cual es legítimo desconocer a un Gobierno que no acate los principios democráticos o viole los derechos humanos. ¿Fue ese un argumento de peso para RCTV durante la querella?

Ese tópico no se planteó. El presidente Hugo Chávez actuó irresponsablemente al acusar a los medios de comunicación de propiciar aquel golpe. Fue su propio Gobierno, a través del general Lucas Rincón Romero –principal vocero de las Fuerzas Armadas, premiado luego con ministerios y embajadas–, el que aseguró que Chávez había dimitido. Y yo sí creo que Chávez renunció tras tomar consciencia de las implicaciones de la masacre que él mismo había ordenado perpetrar: la matanza de quienes se manifestaban pacíficamente contra su régimen aquel 11 de abril. De hecho, Chávez fue doblemente irresponsable porque si él estaba convencido de que los medios habían dado un golpe de Estado, su obligación constitucional era llevarnos a juicio por ello. Y él no lo hizo. Eso es algo que yo siempre le dije en su cara.

La línea editorial de RCTV llegó a ser descrita como “agresivamente antichavista”. ¿Percibe usted que eso haya alienado a una parte de su audiencia tradicional? Mirando atrás, ¿atenuaría usted esa tendencia?

Históricamente, nuestros índices de popularidad siempre oscilaron entre el 35 y el 40 por ciento. Cuando el cierre de RCTV era inminente, nuestra cuota de audiencia a escala nacional subió a más del 80 por ciento. Yo más bien lamento no haber denunciado con mayor claridad y poder de convencimiento la magnitud de las prácticas corruptas que tenían y tienen lugar en el sector público, la degeneración de la república a manos de personas que no tienen convicción democrática alguna, la violación sistemática de los derechos humanos…

A uno no le alcanzaba el tiempo para denunciar los desafueros del Gobierno y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dice claramente: el cierre de RCTV se debió a motivos de índole política. RCTV dejó de transmitir por órdenes de una persona que no creía en la democracia, que participó en dos golpes de Estado, que mató y mandó matar gente en la calle el 4 de febrero de 1992 y el 11 de abril de 2002, y que nunca rindió cuentas por ello.