El gobierno argentino sufrió el viernes (5.06.2015) un nuevo revés en su lucha con una serie de fondos especulativos, después de que el juez estadounidense Thomas Griesa aprobara extender su decisión a favor de los fondos a otros tenedores de bonos, por un total de 5.400 millones de dólares (4.900 millones de euros).

Se trata de inversores que bajo la premisa del "me too" (yo también) habían pedido a Griesa que les aplicara el fallo dictado a favor de los llamados "fondos buitre" en 2012, decisión que el año pasado refrendó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

En concreto, el fallo establece que mientras no se les pague a estos bonistas, Buenos Aires no puede seguir devolviendo lo que debe al resto de los acreedores, pese a que con la mayoría de ellos llegó a un acuerdo de reducción de deuda.

Argentina apelará fallo

El gobierno argentino criticó en duros términos la decisión y anunció que apelará el fallo. En un comunicado del Ministerio de Economía se asegura que "la mayoría de estos ‘me too' no son nuevos litigantes. Tal como lo anticipó la República Argentina, estos demandantes son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado, pero que ahora se disfrazan en nuevas causas (...) con el objetivo de generar más presión y la pretensión de multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el juez Griesa".

El conflicto se remonta al enfrentamiento con los fondos hedge de Nueva York NML Capital y Aurelius. Tras el default de 2001, compraron bonos argentinos cuyo precio había caído en picado y ahora reclaman el pago íntegro de los títulos, pese a que más del 90 por ciento de los demás acreedores aceptaron una reestructuración de la deuda.

Griesa apoya a los fondos y su fallo bloquea los pagos de Argentina a otros tenedores de bonos hasta que NML y Aurelius reciban sus reclamos por valor de más de 1.300 millones de dólares más intereses vencidos. El juez puede intervenir porque en su día los polémicos bonos públicos fueron otorgados en dólares y acogiéndose al derecho estadounidense.

Con su nueva decisión, el juez extiende ahora el beneficio a otros más de 500 inversores que también rechazaron la reestructuración de deuda. Como Argentina se niega a pagar el dinero a los que califica como "fondos buitre", desde agosto de 2014 las agencias de rating internacionales consideran al país técnicamente en default.

VC (dpa, efe)