La Unión Europea llega al primer encuentro del Grupo Internacional de Contacto (ICG) con un pie puesto en la presión, con sanciones a altos cargos y embargo de armas. El otro pie está puesto en la búsqueda del diálogo para hallar una salida pacífica y democrática para la crisis venezolana. 

Fuentes europeas subrayan una y otra vez que esto y solo esto es lo que pretende promover la UE: una salida política, no una a la fuerza. Guerra civil, intervención externa: ninguno de esos escenarios se descarta, dicen especialistas. La UE quiere evitarlos.

Neutrales y no neutrales

Al encuentro del ICG, liderado por la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, acuden Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España. Suecia y Reino Unido.

Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay forman parte del grupo, representando a América Latina. El Vaticano y Suiza y Noruega –que no pertenecen al bloque- también serían observadores cercanos de esta  iniciativa.

Que México asista no significa que haya aceptado ya ser parte del grupo. Un encuentro ministerial entre México y Uruguay para apoyar el diálogo coincide con el lanzamiento de este grupo internacional promovido por la UE. No obstante, la puerta no está cerrada.

La diferencia entre lo que propone México y lo que plantea la UE es, precisamente, que los europeos no buscan ahora mediar entre las partes. No existe base para ello, informan fuentes europeas. La idea es detectar vías internacionales para lograr abrir un proceso político que acabe con la crisis. El cómo, habrá que definirlo.

¿Objetivo?

De las últimas declaraciones desde Caracas se desprende que se ve con buenos ojos esta nueva posibilidad de explorar sendas de entendimiento. Para la oposición en el exilio, no obstante, la vía debe ser una sola: "Cualquier grupo de trabajo tiene que ser exclusivamente para definir los términos del fin de la usurpación. Es decir, retirar a Maduro del Palacio de Miraflores y que se consolide la transición para que Juan Guaidó pueda convocar, como presidente legítimo que es, un proceso electoral absolutamente transparente”, dijo, en Bruselas, a DW Antonio Ledezma, líder opositor.

Precisamente por eso, para comenzar, no están invitados a ese encuentro ni representantes del gobierno en funciones de Nicolás Maduro, ni del lado del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

Con la actual enquistada situación y con la base de fallidas experiencias anteriores – los diálogos de República Dominicana, por ejemplo-, esta iniciativa se pone un plazo de noventa días, a partir del 7 de febrero de 2019. De no haber resultado concreto, se disolvería. El plazo así propuesto, según fuentes informadas, es para evitar que la salida negociada se convierta en una instancia sin fin.

Montevideo

En una segunda fase –que solo comenzaría de haber muestras creíbles de voluntad-, el ICG llevaría sus propuestas a los actores nacionales para emprender un proceso que conduzca a elecciones inmediatas, libres y justas.

En concreto, ¿de qué se trata en este primer encuentro? "Se van a posicionar y van a poner las líneas rojas de hasta dónde va a llegar cada uno”, dice a DW Anna Ayuso, analista senior del think tank europeo CIDOB. "Luego, probablemente será Uruguay quien inicie un acercamiento a Maduro”, agrega.

La neutralidad mantenida por Montevideo le permitiría actuar mejor que a los que han tomado partido; la misma Unión Europea, por ejemplo. Aunque como Unión no ha reconocido al presidente interino –no es competencia de Bruselas, recuerdan fuentes oficiales-, el que una veintena de sus miembros ya lo haya hecho, le quita margen de maniobra.  

Salida militar no es solución

Como fuere, la alternativa de favorecer un cambio con intervención militar no tiene consenso entre los socios europeos. 

"Si bien la UE ha seguido a Washington en reconocer a Guiadó, también ha sido coherente con su denuncia de las elecciones de mayo de 2018. La creación de este grupo, por otro lado, es un intento de salir de la dinámica de 'seguidismo' hacia Estados Unidos”,  agrega la analista del CIDOB. Un precedente sería el apoyo europeo, en contra del rumbo estadounidense, al Grupo de Contadora, en la década de 1980, para acabar con la guerra en América Central.

En este caso, "la iniciativa es un intento de frenar una intervención, que supondría un conflicto internacional que podría durar años”, afirma Ayuso. ”Y aunque probablemente Nicolás Maduro no los va a aceptar como mediadores, el Grupo de Contacto es algo que da al régimen un balón de oxígeno de tres meses. En esa medida le conviene”, concluye.

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