Este sábado (5.5.2012), diez años y ocho meses después de los atentados terroristas contra las torres gemelas de Nueva York, comienza lo que algunos han denominado el “proceso del siglo”: el juicio contra los cinco acusados de planear la destrucción del World Trade Center, en donde murieron casi 3.000 personas el 11 de septiembre de 2001. Khalid Sheikh Mohammed, Ramzi Binalshibh, Ali Abdel Asis Ali, Mustafa Ahmed al Hausawi y Walid bin Attash comparecerán ante un tribunal militar en la base estadounidense de Guantánamo en Cuba.

El dilema de la pena capital

Secuestro de aviones, conspiración, asesinato, ataques contra civiles y destrucción de propiedad privada; esos son algunos de los cargos que se le imputan al quinteto, bautizado por algunos medios como “los Cinco de Guantánamo”. El grupo en torno a Khalid Sheikh Mohammed –descrito como el “cerebro” de los atentados– ya compareció una vez ante la corte militar para la apertura del juicio, en junio de 2008. Sin embargo, el inicio del proceso se vio pospuesto tras el ascenso del demócrata Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos.

Obama había prometido cerrar la base de Guantánamo y juzgar a los acusados ante tribunales civiles en territorio estadounidense; pero sus planes fracasaron por la fuerte resistencia ofrecida por los congresistas. En junio de 2011 se presentó finalmente la acusación contra el grupo de Sheikh Mohammed en Guantánamo y las autoridades dieron luz verde al proceso militar en abril de 2012. La Fiscalía ha pedido la pena capital para los cinco acusados, pero el Gobierno teme que su muerte los convierta en mártires a los ojos de los simpatizantes de Al Qaeda.

Este dilema y las interrogantes jurídicas que rodean el caso han contribuido a retrasar el proceso. Pero también el debate internacional en torno a la violación de los derechos humanos de los presos de Guantánamo y la decisión de procesarlos militarmente por los sucesos del 11 de septiembre de 2001 han obligado a las autoridades estadounidenses a manejar el asunto con mucho tacto. “El derecho penal estadounidense habría bastado para hacer justicia”, sostiene Sumit Bhattacharyya, vocera de Amnistía Internacional (AI) en Alemania.

Desde 2002, casi 800 hombres han sido encerrados en Guantánamo. Al principio se les privó de todo contacto con el mundo exterior y, aún hoy, a la mayoría de ellos no se les ha acusado formalmente de nada. Además, a muchos se les interrogó apelando a prácticas inhumanas para obtener confesiones. Según documentos internos de la CIA publicados en 2009, sólo en marzo de 2003 Khalid Sheikh Mohammed fue sometido 183 veces al método de tortura de ahogo simulado –conocido como waterboarding– en una prisión secreta.

“Prácticas reprochables en Guantánamo”

“La lista de violaciones de los derechos humanos en Guantánamo es larga”, comenta Wolfgang Heinz, del Instituto Alemán de Derechos Humanos. Los derechos a la libertad, a exponer quejas, a un trato igualitario frente a la justicia, a un proceso judicial justo, al principio de presunción de inocencia; todos ellos se han visto pisoteados, dice el experto alemán. “Al principio hasta se intentó ocultar el nombre de los presos de Guantánamo”, recuerda Bhattacharyya.

Hasta ahora, a los reporteros especiales de las Naciones Unidas para casos de tortura –el austríaco Manfred Nowak y su sucesor, el argentino Juan Méndez– no han podido visitar las instalaciones de Guantánamo porque las condiciones bajo las cuáles se deben desarrollar esas visitas no han sido garantizadas por el Gobierno estadounidense. “Una de las reglas clásicas es permitir que los reporteros de la ONU tengan permitido hablar confidencialmente con cualquiera de los presos”, explica Heinz.

Los especialistas en derechos humanos critican también la creación de las comisiones militares para Guantánamo porque constituyen un tercer sistema judicial, paralelo a la justicia penal y a la militar; un sistema en el que los acusados no pueden elegir libremente a sus defensores. Para Bhattacharyya, este juicio se conduce de una manera que está divorciada del Estado de derecho: “Confesiones obtenidas bajo tortura no serían admitidas como evidencia por ningún otro tribunal del mundo”, asegura la activista de AI.

“Algunas prácticas reprochables han dejado de practicarse en Guantánamo”, dice Heinz, elogiando la prohibición de la tortura por parte de Obama. Pero, en otros aspectos, las políticas antiterroristas de su predecesor, George W. Bush, continúan vigentes o, incluso, se han visto avaladas por nuevas leyes. La secuela más grave de estas prácticas no es la pérdida de credibilidad de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino el hecho de que su ejemplo sirva como argumento de defensa para más de un Gobierno despótico.

Autores: Ulrike Mast-Kirschning / Evan Romero-Castillo
Editor: José Ospina Valencia