Pocas horas después de entregarse a las autoridades para hacer frente a las acusaciones que lo sindican como una pieza clave en la red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”, el exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón (en la foto), se presentó ante los tribunales para prestar declaración. Y sus primeras palabras apuntaron contra su exjefa y el exmandatario Otto Pérez Molina como los líderes de la trama corrupta.

“La Línea” defraudó millones de dólares al Estado, de acuerdo a las investigaciones. En su comparecencia ante el juez Miguel Ángel Gálvez, Monzón aseguró que en el gobierno “no se hacía nada sin el conocimiento y aprobación de ninguno de los dos”. Monzón, quien trabajó con Baldetti por casi tres años, aseguró que eligió este momento para entregarse a por considerar que existen las condiciones para que su vida sea debidamente resguardada.

“Les quiero (ofrecer) disculpas al pueblo, a mi familia, esposa y mis hijos, a mis señores padres y todas mis amistades por haber participado en esta estructura”, expresó el exfuncionario, que estuvo prófugo cinco meses, y enseguida añadió que “únicamente seguía las instrucciones que me había dado, en mi caso, la vicepresidenta”. Luego agregó que deseaba dejar de manifiesto que “no soy el líder de esta estructura, no lo soy”.

Cifras serían mucho mayores

Monzón agregó que tiene pruebas de que la evasión alcanza casi los 2.000 millones de dólares y, por ello, aseguró que las cifras que se han mencionado hasta el momento, cercanas a los 4 millones de dólares, “están fuera de la realidad”. Según las investigaciones, Monzón era uno de los líderes de la red criminal que cobraba sobornos por el paso de mercancías importadas sin pagar los impuestos correspondientes.

Pérez Molina y Baldetti, que renunciaron a los altos cargos en septiembre y mayo pasado, respectivamente, y se encuentran en prisión preventiva, también fueron delatados la semana pasada como líderes de la red por el empresario Salvador Estuardo González, alias “Eco”, quien aseguró que recibían el 50 por ciento de los sobornos. La estructura fue desmantelada el 16 de abril pasado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y hasta la fecha han sido detenidas unas 28 personas.

DZC (EFE, Reuters)