El Congreso de Guatemala decidirá la semana entrante el futuro del presidente Otto Pérez Molina y, de alguna manera, el del propio país. El Parlamento, acogiendo una recomendación entregada la tarde del viernes 3 de julio por la comisión parlamentaria que investiga los presuntos casos de corrupción que se achacan al mandatario, analizará la posibilidad de quitar el fuero político del jefe de Estado.

Pérez Molina ha sido vinculado a casos que ya han terminado con el arresto y la dimisión de varios altos funcionarios. En el caso de que el Congreso, donde el oficialista Partido Patriota no tiene mayoría, apruebe el desafuero del presidente, la Fiscalía podría investigar si estuvo involucrado en los escándalos de fraude aduanero y desfalco del seguro social que han generado numerosas movilizaciones, peticiones de renuncia al presidente y descontento social, a apenas dos meses de las elecciones presidenciales.

El mandatario niega todas las acusaciones y ha tratado de calmar los ánimos de la opinión pública haciendo dimitir en los últimos meses a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, varios de sus ministros y otros cercanos colaboradores señalados de irregularidades. “Un grupo de asesores jurídicos del presidente están analizando las medidas a tomar dependiendo de lo que resuelva el Congreso”, dijo a Reuters el portavoz presidencial Jorge Ortega.

Seguramente no prosperará

Aunque Pérez Molina no ha aparecido mencionado en ninguno de los casos, la oposición sospecha de su posible responsabilidad dada la cercanía política y personal con muchos de los acusados. “Recomendamos que sea el ente investigador (Fiscalía) el que determine si existe o no culpabilidad de Pérez”, dijo a Reuters el diputado opositor Fernando García, secretario de la comisión. El presidente de la instancia, Hugo García Gudiel, dijo que éste era “un momento histórico” pues nunca antes se había creado una comisión para investigar al presidente del país.

El oficialismo controla solo 33 de los 158 escaños del fragmentado Congreso, donde buscará negociar con otras fuerzas políticas los votos adicionales para llegar a 54, el mínimo necesario para conservar su protección legal. En la comisión investigadora, cuatro de sus cinco integrantes firmaron el informe entregado al Poder Legislativo. El único que se restó fue el oficialista Mario Linares.

Pese al dictamen de la Comisión Pesquisidora, analistas coincidieron en que el despojo de la inmunidad al mandatario no se concretará dados los acuerdos políticos entre la oposición y el oficialismo. “Lo que causa es un sentimiento de coraje y frustración. Mientras en la calle se manifiestan fuerzas de cambio, en el Congreso hay una acción y arreglos para la resistencia. Los políticos hacen cualquier cosa, a través de alianzas o lo que sea para resistirse al cambio”, dijo a la dpa el analista independiente Renzo Rosal.

DZC (Reuters, EFE, dpa)