La Justicia concretó hoy (13.03.2017) la detención de tres de los funcionarios destituidos en Guatemala por el incendio registrado la semana pasada en una casa hogar administrada por el Gobierno, que dejó hasta la fecha 40 niñas fallecidas, mientras dos siguen hospitalizadas en estado grave.

Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia Carlos Antonio Rodas Mejía, la exsubsecretaria Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes salieron de sus cargos tras la tragedia, que ocurrió el pasado miércoles.

Según los primeros indicios, las jóvenes afectadas, estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían.

Las órdenes de captura

Los exfuncionarios, que fueron puestos a disposición judicial, están acusados de "homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad", según las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.

Mientras, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, informó en conferencia de prensa haber solicitado la colaboración del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) para apoyar el trabajo que ya cumplen 100 investigadores nacionales para determinar las causas del incendio.

El interés de todos es que "podamos llegar a esclarecer qué fue lo que ese día ocasionó el incendio", dijo y explicó que Guatemala no cuenta con especialistas en la materia. Durante la conferencia de prensa, Morales informó de la destitución de "toda la línea de mando" de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, bajo cuya supervisión funcionan los diferentes hogares refugio para niños desamparados y en conflicto con la ley.

Denuncias pasadas

La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos.

Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.

FEW (dpa, EFE)