El clamor ciudadano contra la corrupción en Guatemala tuvo como detonante una trama de corrupción revelada en marzo pasado conocida como “La Línea“. Aludía a un número telefónico que marcaban importadores que, mediante un soborno, eran ayudados por agentes aduaneros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a pagar menos impuestos.

Tenía como cabecilla al entonces secretario privado de la vicepresidenta del país, Juan Carlos Monzón, que sigue prófugo de la Justicia. La vicepresidenta Roxana Baldetti renunció. Las autoridades estadounidenses la sancionaron retirándole la visa a ella y a su marido y le fueron congeladas cuentas bancarias en Estados Unidos. Tanto ella como el presidente Otto Pérez Molina se encuentran bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y corrupción.

El Congreso de Guatemala anunció que levantaría la inmunidad al presidente. “Así lo han anunciado varias bancadas públicamente, porque ya hay un veredicto favorable. Eso significa que el presidente se deberá someter a una investigación“, afirma en conversación con DW el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ex magistrado colombiano Iván Velázquez.

Velásquez, que asumió el liderazgo de la comisión de la ONU en 2013, es reconocido en Colombia por haber sido investigador de la parapolítica, un proceso que surgió en el país sudamericano para investigar vínculos de políticos con las llamadas autodefensas unidas, grupo armado al margen de la ley.

Nueva ola de detenciones

Las protestas y la indignación ciudadana contra la corrupción en Guatemala han ido de la mano de las investigaciones conducidas por Velázquez; al frente de la CICIG; y la Fiscal General, Thelma Aldana. La semana pasada anunciaron la detención de Gustavo Martínez, yerno del presidente Otto Pérez Molina, que ocupó el cargo de secretario general de la presidencia y es acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias. Al igual que Juan Carlos Monzón, era el centro de una red que intercambiaba favores con empresas a través del Ministerio de Energía y Minas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El escándalo más reciente, conocido como "redes"; implica a seis detenidos y salpica al gobernante, pues “Martínez acomodaba la agenda de Pérez Molina para que se concretaran las reuniones entre el presidente y las empresas que necesitaban resolver algún problema“, según anunció el mismo Iván Velázquez en conferencia de prensa. La detención de Martínez se suma a la de Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado del presidente de Guatemala y presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

En mayo pasado, Pérez Molina se vio obligado a cesar a una serie de ministros y otros altos funcionarios de su gobierno, entre ellos al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, uno de sus más cercanos colaboradores. Se trata de la mayor oleada de escándalos de corrupción en la historia del país centroamericano, que ha sacudido al círculo de confianza del mandatario a pocos meses de las elecciones.

Crisis profunda

Según el politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Guatemala está despertando. “Es una de las crisis más fuertes que hemos vivido en los últimos 30 años, que ocurre en medio de un proceso electoral. El sistema está crujiendo, y aunque son muchos más los que debieran irse, es una crisis profunda que va a tener resultados en reformas a leyes importantes en el combate a la corrupción y la impunidad“.

La sociedad civil guatemalteca tiene ahora puestos los ojos en la implementación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se contemplan controles más estrictos al financiamiento privado de partidos políticos, así como la reelección de diputados y alcaldes.

“Muchos de los vicios del sistema inician en el sistema de partidos políticos, en la forma en la que es manejado el sistema electoral. La reforma evita la venta de candidaturas a puestos de elección, una práctica común que contribuye a la corrupción. En el momento en que se venden las candidaturas los funcionarios electos una vez en funciones van a tratar de recuperar el dinero invertido“, afirma José Carlos Sanabria. El investigador señala que hay una gran incertidumbre en el país, pero las demandas ciudadanas exigen reformas y tienen un apoyo casi unánime. "Desde el sector empresarial, hasta la comunidad internacional".