Ninguno de los candidatos que lideraron los resultados de las elecciones auguran una era democrática sustentada en el Estado de derecho y la transparencia en el país centroamericano.

"En Guatemala tenemos una coyuntura nacional que se ha caracterizado por una lucha contra la corrupción por un lado, y por una criminalización de activistas sociales y una persecución contra defensores de los Derechos Humanos por el otro”, afirma Nery Ródenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la arquidiócesis de Guatemala (ODHAG), que se encuentra junto con representantes de unas nueve organizaciones civiles de Derechos Humanos de Guatemala en una gira que los ha llevado al Parlamento Europeo, a Bélgica, Francia, Alemania y Suiza, para informar lo que sucede en el país.

La primera vuelta electoral celebrada el pasado 16 de junio, tuvo una menor participación respecto a las dos elecciones anteriores y resultó también muy fragmentada.

Votar por el menos malo

"Como los guatemaltecos nos quedamos ante la situación de elegir no a los representantes que queremos, sino a los que nos dejaron en las papeletas, con la participación de más de 24 partidos. Para nosotros fue votar por el menos malo”, afirma por su parte Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

La exprimera dama y candidata de centro-izquierda, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo un 25,7 por ciento de los votos. Pese a las acusaciones de recibir financiamiento ilícito de 2,5 millones de dólares para su campaña, los cargos fueron presentados por la actual fiscal general, Consuelo Porras, nombrada por el presidente Jimmy Morales, un día después de oficializarse su candidatura, lo que le otorgó inmunidad ante las acusaciones. Torres propone un plan de desarrollo y un aumento salarial para combatir la migración.

Su rival más cercano, el cirujano Alejandro Giammattei, que recibió menos del 15% de los votos y obtuvo el segundo lugar entre 19 aspirantes, es quien se enfrentará a Torres en la segunda vuelta por la presidencia el próximo 11 de agosto. Giammattei compite por cuarta ocasión y promete empleos y prosperidad para evitar que los guatemaltecos salgan de su país.

Ninguno de los dos respalda el trabajo de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), que puso en la mira una práctica que vuelve a extenderse entre la clase política, económica y militar del país.  

Pacto de corrupción

"Guatemala y la CICIG fueron en 2015 ejemplo para los países del área, pero el pasado proceso electoral permitió la rearticulación de poderes alrededor de un pacto de corrupción que existe en el país encabezada por una clase política, empresarial y militar, que ha vivido históricamente de la corrupción y del Estado", sostiene Juan Francisco Soto.

Nery Ródenas sostiene que "el trabajo de la CICIG fortaleció al Ministerio Público, que por sí mismo no hubiera logrado jamás ni develar y menos perseguir a estos grupos, que se infiltran en el aparato de justicia, influyen a los jueces y realizan acciones intimidatorias para evitar que los toquen".

Los activistas denuncian que además del descrédito al trabajo de la CICIG y la captación de los espacios institucionales dentro del Ministerio Público, estos grupos presionan a los jueces que decidieron abanderar la lucha anti-corrupción. "Más de diez jueces y fiscales están siendo acusados, entre ellos Juan Francisco Sandoval, encargado de la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) –nombrado por la exfiscal Thelma Aldana en 2018-, que trabaja dentro del Ministerio Público y que tiene más de 20 denuncias en su contra", afirma Juan Francisco Soto.

Amplio apoyo ciudadano a la labor de la CICIG

Según un sondeo publicado por el diario Prensa Libre, un 72% de los guatemaltecos respalda el trabajo de la CICIG. "Si el modelo CICIG no funcionara no habría una reacción tan visceral en su contra, ni en contra de las ex fiscales, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana", afirma el director de CALDH.

Durante una década la CICIG, liderada por el magistrado Iván Velázquez, junto con el Ministerio Público que dirigía Thelma Aldana, llevaron a prisión al ex presidente Otto Pérez Molina y al militar Mariscal Zavala, entre unas 280 personas implicadas en redes de corrupción. 

El presidente Jimmy Morales, expulsó de Guatemala al comisionado Iván Velázquez y revocó el mandato a la CICIG. Actuó así al verse acorralado por señalamientos de financiamiento ilegal de su campaña cuando ejercía como secretario general del partido que lo llevo al poder.

"No compartimos la postura del presidente Jimmy Morales, ni de que tenga la potestad para poner fin al trabajo de una organización de la ONU, que finalizará sus labores el próximo 3 de septiembre, pero lo que más nos preocupa es que no existe por parte de las autoridades guatemaltecas un plan sobre cómo continuará la lucha contra la corrupción", concluye Juan Francisco Soto.

(jov)

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