La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha documentado una creciente persecución y criminalización de personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala. ¿A qué se debe esta situación?

Santos: En el 2022 registramos más de 3.500 agresiones, es un crecimiento del 300 porciento de un año al otro. Creemos que Guatemala pasó de una etapa de un Estado con rasgos autoritarios a una situación en la cual todo ha sido sometido a un proceso de captura institucional muy fuerte por parte de lo que llamamos el "pacto de corruptos”. Estamos hablando de la élite económica, de los políticos mafiosos, de militares en situación de retiro implicados en graves violaciones a derechos humanos y miembros del crimen organizado.

¿Cuáles son los patrones de la persecución y criminalización?

La criminalización es un fenómeno que pretende acallar la voz de la persona defensora de derechos humanos hasta poderla llevar a lo que se conoce como "muerte civil”. Estos procesos suelen arrancar con actos de difamación, por ejemplo, en las redes sociales. La difamación crece hasta alcanzar rasgos de discurso de odio. Posteriormente suele venir una denuncia judicial sin fundamento del sistema de justicia para que se pueda detener a la persona y privarla de la libertad; muchas veces son detenciones ilegales o arbitrarias. Otro patrón tiene que ver con actos de vigilancia e intimidación, y hay otro tipo de agresiones como el intento de asesinato o el asesinato mismo en contra de personas defensoras de derechos humanos.

En 2020, se modificó la ley de ONG en Guatemala, algo que dificulta el trabajo de muchas organizaciones no- gubernamentales. ¿Cuáles fueron los cambios en la legislación?

El artículo más preocupante es el que hace mención del uso de recursos económicos internacionales "alterar el orden público”. Si se establece el uso de recursos económicos internacionales para "alterar el orden público”, puede decretarse el cierre de la organización de manera inmediata. El problema es que no hay una definición de qué es "orden público”. Tenemos una vieja ley de 1965 sobre orden público que se pensó en el marco de la contrainsurgencia. Es el único marco referencial que tenemos, y si es el marco referencial de la guerra, no vamos por buenos pasos.

Hasta 2019, durante el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, se vieron muchos avances en la lucha contra la corrupción. Hoy día, vemos un régimen autoritario con un sistema judicial cooptado por actores corruptos. Muchos jueces y fiscales han sido forzados a salir del país. ¿A qué se debe este cambio?

Cuando uno ve que la persecución en contra de operadores de justicia va en contra de personas como exfiscales generales, como Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, o fiscales como Juan Francisco Sandoval, uno se da cuenta de que son actores que lideraron los grandes procesos de justicia en el país. En Guatemala ya se instaló un proceso de venganza, y ese proceso ha escalado prácticamente a política de Estado. En el 2015, cuando tuvo que renunciar el gobierno corrupto del presidente Otto Pérez Molina, la ciudadanía pensó que el proceso electoral era la salida a la crisis. Eso fue un error muy grande, porque el escenario en el cual se daban los procesos electorales no se había modificado. Eso permitió el ascenso de un personaje como Jimmy Morales a la presidencia con un partido político creado por ex-militares que restauró fácilmente estas estructuras criminales.

Sin embargo, después de la caída del gobierno de Otto Pérez Molina hubo algunas reformas políticas...

Aunque el Congreso avanzó en algunas reformas, no avanzó en las reformas que en realidad hubieran permitido una transformación distinta del sistema. Eso no ocurrió, y al no transformarse el sistema, volvieron a dominar estos actores procorrupción y pro-impunidad en el país.

A finales de junio se celebran las elecciones presidenciales en Guatemala. ¿Habrá la posibilidad de un cambio en la situación de las personas defensoras de los derechos humanos con un nuevo presidente o una nueva presidenta?

De los que van encabezando las encuestas, ninguno reúne las características para garantizar los derechos humanos de la población o para garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país. Estamos hablando de Zury Ríos, la hija de un presidente de facto que fue sentenciado por actos de genocidio. Ella tiene una prohibición constitucional por ser hija de un gobernante de facto, sin embargo, las cortes le permiten la participación. Creemos que ella es una actora anti-derechos humanos. Otro candidato, Edmond Mulet, está acusado de haber legalizado el tráfico de niños durante el conflicto armado interno, y la candidata Sandra Torres está implicada en casos de corrupción de alto impacto.

Zury Ríos nunca se distanció de su padre. ¿Representa una continuidad de las ideas políticas del exdictador Efraín Ríos Montt?

Ella se ha sumado a los grupos que son negacionistas de la historia, refiriendo que en Guatemala no hubo genocidio a pesar de las enormes pruebas de carácter científico y testimonios presentados en el caso. Además, está acompañada de muchos militares en situación de retiro que junto a su padre cometieron estos actos de genocidio y graves violaciones a los derechos humanos. Sí hay una continuidad en cuanto al tema de cooptación y corrupción del Estado guatemalteco, de revertir el sistema de justicia para garantizar la impunidad en los siguientes niveles: impunidad hacia el pasado para quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos, impunidad en el presente para quienes están cometiendo actos de corrupción, e impunidad hacia el futuro, que tiene que ver con la violencia que se va a generar para imponer este modelo que se está desarrollando en el país.

Según algunos analistas, Ricardo Méndez Ruiz, el fundador y actual presidente de la "Fundación contra el Terrorismo” podría llegar a ser ministro en el gabinete de Zury Ríos. Méndez Ruiz está detrás de muchas denuncias por supuestos actos de corrupción contra jueces y fiscales que llevaban casos de la CICIG. ¿Qué significaría si él fuera ministro?

Independientemente de que él y su estructura llegue al Ministerio de Gobernación, va a tener un papel preponderante en las acciones de un eventual gobierno de Zury Ríos. Estamos hablando de una persona que fundó una organización dedicada a la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos, a defender a militares que cometieron crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, y ahora se dedica a la defensa de actores de corrupción e impunidad. Si una persona de estas características llega al ejercicio público, su quehacer va a estar dedicado a generar un proceso de represión mucho más amplio. Él ha dado entrevistas en las cuales afirma que lamentablemente el conflicto no tuvo una salida militar – eso hubiera implicado

ampliar aún más el genocidio y ejecutar a lo que ellos consideran la oposición política. Con actores como Zury Ríos o Ricardo Méndez Ruiz, Guatemala está viviendo el retorno al pasado.

A algunos candidatos se les negó la participación en las elecciones presidenciales, entre ellos Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú, del partido Podemos, y Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana. ¿Por qué?

Lo que está ocurriendo es que las elecciones no son de carácter popular, porque quien está tomando las decisiones sobre quién puede o no ganar las elecciones no es la población, sino son los tribunales. Hay un altísimo margen de ilegitimidad en el proceso electoral. Las personas estánmuy confundidas y muchas están viendo procedimientos totalmente anómalos por parte del Tribunal Supremo Electoral y los juzgados para permitir solo aquellas candidaturas que van a beneficiar al "pacto de corruptos”.

Aparte de las elecciones presidenciales, se celebran los comicios legislativos. ¿Qué cambios espera?

Hay analistas que refieren que alrededor del 30 porciento del Congreso de la República va a estar dominado por redes económico-políticas ilegales, va a ser una bancada muy poderosa. El núcleo de diputados democráticos y progresistas puede alcanzar entre 15 y 17 escaños, lo cual lo deja con poca capacidad de detener la agenda legislativa de retroceso. Va a ser muy fácil para el "pacto de corruptos” conseguir los votos que se requieren para pasar cualquier ley que se les ocurra.

En esta situación, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional?

Guatemala es un país posconflicto donde se cometieron actos de genocidio. Por los hechos de violencia tan atroz que se vivieron, esta sociedad necesita del acompañamiento internacional. Si este acompañamiento se debilita, lo que tenemos a las puertas es una posibilidad de repetición de los hechos. El llamado a la comunidad internacional es: ¡Fortalezca sus mecanismos de acompañamiento a la sociedad guatemalteca en su lucha por la recuperación democrática!

(ers)