El juez Miguel Ángel Gálvez señaló en su resolución que, para ambos ex militares, "se llega a establecer que existen fundamentos serios para someterlo a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputan".

Por tales motivos, declaró "no ha lugar" la petición de la defensa, en ambos casos. El juez Gálvez advirtió que la resolución no modifica el actual estatus legal de los sindicados y "se limita a ordenar que el proceso sea conocido por un tribunal de sentencia, que resolverá si existe o no responsabilidad de los acusados".

Posteriormente convocó a las partes procesales a una nueva audiencia este 30 de enero, en la que las partes presentarán más pruebas al tribunal. La audiencia para conocer la resolución del juez Gálvez, quien la programó el pasado viernes, se cumplió en una sala abarrotada por sectores vinculados a los sujetos procesales.

A la sala se dieron cita familiares y amigos de ambos militares, así como activistas humanitarios y familiares de las víctimas de las matanzas cometidas por el ejército guatemalteco en comunidades del departamento de Quiché (norte) en los años 80.

Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, dijo a periodistas antes del inicio de la audiencia temer por la presión mediática nacional e internacional sobre el juez Gálvez que podría incidir en su resolución, enviando a juicio el proceso, como finalmente ocurrió. Palomo afirmó que si el juez es "objetivo y analiza los medios de prueba" deberá sobreseer o archivar el proceso.

Afuera de la Torre de Tribunales, edificio donde se ubica la sala, activistas humanitarios realizaron representaciones de las matanzas de campesinos a manos del ejército mientras el juez daba por iniciada la audiencia poco antes del mediodía.

Los dos ex militares son acusados por la fiscalía y un querellante de conocer y tolerar, según la línea de mando dentro del Ejército guatemalteco, las matanzas que las tropas hacían en comunidades de Quiché (norte) entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era jefe de Estado de facto y Rodríguez era jefe de Inteligencia del Ejército.

En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1.771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. La semana pasada se inició la audiencia de apertura a juicio y durante tres días el juez escuchó a cada una de las partes procesales.

jov (dpa,reuters)