El empresario y expresidente del Congreso de Guatemala, Pedro Muadi Menéndez, fue sentenciado -junto a otras 28 personas- este lunes (02.03.2020) a 30 años y ocho meses de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción, según informaron fuentes judiciales.

Muadi fue condenado a ocho años por el delito de peculado por sustracción, nueve años por asociación ilícita y 13 años por lavado de dinero. Otras 28 personas vinculadas al mismo caso fueron sentenciadas también este lunes, en su gran mayoría a cinco años de prisión y 15.000 dólares de multa, según confirmó el Ministerio Público.

El Tribunal Octavo de Sentencia del Organismo Judicial guatemalteco condenó a Muadi por delitos cometidos durante su gestión como presidente del Congreso (2013) y que se extendieron hasta 2015. Además, el Tribunal le impuso una multa de 578.000 dólares, y no podrá ejercer cargos públicos en 50 años. De acuerdo con la sentencia, se comprobó la vinculación de Muadi en una trama de "plazas fantasmas" en el Parlamento mediante la cual defraudó al Estado por más de medio millón de dólares.

La presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia, Olly González, comentó que las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Muadi creó 30 contratos "fantasmas" en el Legislativo para obtener beneficio económico. La jueza detalló que el expresidente del Congreso contrató personal que no llegó a trabajar y parte del dinero de los salarios se trasladaron a una empresa de la que es accionista mayoritario. Así, Muadi sustrajo más de 565.000 dólares del Estado, comentó González.

"¿A quién maté? ¿A quién maté?", se preguntó Muadi en declaraciones a periodistas al salir del tribunal. "¿Acaso son delitos de sangre para que me condenen por 30 años?", añadió el expresidente del Congreso, quien confirmó que apelará el fallo.

Muadi fue electo diputado en 2011 por el derechista Partido Patriota del expresidente Otto Pérez, quien también se encuentra en prisión preventiva por cargos de corrupción. Luego, renunció a esa agrupación y se integró al partido CREO, que lo expulsó cuando se reveló el caso de corrupción.

El empresario fue capturado en 2015 en uno de los primeros casos de la cruzada contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ambas entidades desarticularon entre 2015 y 2019 a más de 20 estructuras ilegales de corrupción dentro del Estado, con acusaciones penales a alrededor de 200 personas entre funcionarios, empresarios, ministros, presidentes y expresidentes.

ama (efe, afp. República)

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