A menos de tres meses de las elecciones presidenciales en Guatemala, el futuro político de la principal candidata de la oposición, Thelma Aldana, es más incierto que nunca. La exfiscal general logró inscribirse como candidata presidencial del nuevo partido Semilla el 19 de marzo. El mismo día, se filtró que Aldana tiene una orden de captura en su contra, girada por el juez guatemalteco Víctor Cruz un día antes. Aldana fue denunciada por la contratación de una supuesta "plaza fantasma" – una plaza que no existió – durante su gestión como fiscal general. Se trata de un contrato entre el Ministerio Público (MP) y el abogado Gustavo Bonilla como capacitador en el MP. Aldana rechaza las acusaciones en su contra. El proceso fue declarado en reserva, así que se conocen muy pocos detalles sobre le caso.

La orden de captura contra Aldana ha causado un polémico debate sobre la legalidad de dicha medida, ya que cualquier candidato o candidata presidencial goza de inmunidad. "Al haber quedado inscrita como candidata a la presidencia de la República, ella está protegida por la ley, y en consecuencia esta orden de aprehensión no debe de llevarse a cabo", opina Andy Javalois, analista jurídico y abogado de la Fundación Myrna Mack que promueve los derechos humanos en Guatemala. Otros expertos insisten en que la orden, una vez emitida, se tiene que hacer efectiva.

¿Quién le teme a Thelma Aldana, Nobel Alternativo 2018?

Por el momento, Thelma Aldana se encuentra en El Salvador, mientras que su equipo está analizando las posibles estrategias para su regreso a Guatemala. Por su lucha contra la corrupción como fiscal general, Aldana recibió el Nobel Alternativo el año pasado y cuenta con mucho respaldo en la población. En colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), investigó a dos mandatarios y a un exmandatario durante su gestión por casos de corrupción y derrocó al Gobierno del Partido Patriota en 2015, algo inédito en Guatemala. Sin embargo, Aldana tiene también muchos enemigos muy pudientes que quieren impedir su presidencia a todo costo. Por lo tanto, la denuncia en contra de ella implica mucho más que una investigación por un tema de derecho penal. "Tenemos la impresión de que aquí hay algo detrás más allá de lo jurídico, que es frenar la participación de esta persona en el evento electoral", opina el abogado Javalois.

Al parecer, el trámite de inscripción de Thelma Aldana todavía no ha terminado. Según Leopoldo Guerra, el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las personas inscritas como presidenciables pueden recibir impugnaciones en un plazo de tres días. Después es el TSE el que tiene que decidir sobre la validez de las impugnaciones. Luego, la polémica se lleva a la Corte Suprema de Justicia, y por último, a la Corte de Constitucionalidad – un trámite que puede tardar mucho tiempo, algo que Aldana no tiene en este momento. "Lo que hace es que le resta tiempo de posibilidad de hacer campaña", explica el sociólogo guatemalteco Gustavo Berganza.

"Si les estás impidiendo participar a los candidatos que tienen mayor cantidad de intención de voto y al final logras sacar a uno o dos de la contienda, ¿qué va a pasar con toda esta gente desilusionada?", se pregunta Berganza. "Es probable que esto aumente el ausentismo electoral, y quien resulte electo en una elección poco competitiva va a ser un presidente o una presidenta con poca legitimidad".

(jov)