Hace dos semanas la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia antimafia de la ONU, destapó una estructura criminal dedicada al contrabando y la defraudación aduanera en Guatemala. Según la Cicig, la red era dirigida por el ahora prófugo Juan Carlos Monzón -que era secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti- e involucra a la cúpula de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El escándalo ha provocado desconfianza en la clase política unos días antes de que las autoridades convoquen a las elecciones generales de septiembre. Unas diez mil personas pedían el fin de semana pasado la renuncia del presidente y su vicepresidenta a los que acusaron de corruptos y ladrones. Las protestas continuarán estos días. Las principales centrales obreras del país convocaron a su tradicional marcha del 1° de mayo para repudiar la corrupción.

“No recuerdo haber vivido una crisis institucional como la que se está viviendo en este momento en Guatemala y menos de cara a la convocatoria a las elecciones el próximo dos de mayo“, afirma el politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). El analista sostiene que la crisis ha escalado y ahora no afecta sólo al gobierno sino al sistema político en general. “La ciudadanía está descontenta con la flagrante corrupción en el Estado, que va de la mano con la impunidad de los personajes vinculados“.

"Incapaces de juzgar crímenes graves"

Frank LaRue, director de Robert F Kennedy Human Rights en Europa, cifra el desfalco entre 2,5 y 3 millones que se repartían los involucrados por semana. El investigador guatemalteco firma un artículo de opinión en el diario El País, en el que cuestiona que en Guatemala “se pueda detener a alguien por un accidente de tránsito, pero las instituciones sean incapaces de juzgar y condenar los crímenes más graves, especialmente los de la delincuencia organizada y de aparatos clandestinos que atentan contra la institucionalidad del Estado“.

Annette Schwarzbauer, que dirige la Fundación Konrad Adenauer en Ciudad de Guatemala, considera que cuando hay voluntad política, el país es capaz de juzgar a los culpables. “El presidente está convocando a un consejo de notables para que apoyen el mejoramiento de la SAT, pero eso por sí sólo no es suficiente. Una red criminal es otra cosa y debe juzgarse a los culpables“, señala.

El asunto ha provocado una crisis de credibilidad en el sistema político y desconfianza de la ciudadanía en los partidos tradicionales. “Las disputas internas son bastante fuertes. El principal afectado es el oficial Partido Patriota (PP), cuyo candidato, Alejandro Sinibaldi, ex ministro en la administración de Otto Pérez, renunció a su candidatura y al partido“, afirma José Carlos Sanabria.