Deutsche Welle: Señor Ponce, la CICIG lleva operando once años en Guatemala. ¿Cuáles han sido sus resultados hasta ahora?

Matías Ponce: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala surge a raíz de los acuerdos de paz celebrados aquí en Guatemala, y en los que se vio la importancia de crear una comisión de carácter internacional que ayudase a Guatemala a combatir la impunidad. El año 2007 se firmó un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas para la creación de esta comisión internacional. En estos once años de trabajo, la CICIG ha presentado más de 100 casos en los que se reflejan más de 60 estructuras criminales, en las cuales la comisión ha acompañado al Ministerio Público guatemalteco, primero en la investigación de estos casos, y posteriormente, en su presentación ante la justicia. La CICIG, dentro de sus funciones, también acompaña al Ministerio Público en los litigios, en las audiencias de los casos, y se le ha encomendado el diseño de las reformas legales para prevenir la reaparición de estos cuerpos ilegales y clandestinos que cooptaron en su momento al Estado de Guatemala.

¿Qué tipo de casos investiga la CICIG y cuáles destacaría?

Las líneas de investigación que ha trazado el actual comisionado, Iván Velásquez, están vinculadas al financiamiento electoral ilícito, a corrupción en el seno del Estado, a corrupción en el sector de la Justicia y también en el sector empresarial, entre otros. Hay distintos casos que han tenido mucho renombre internacional. Nosotros, como comisión, no destacamos ninguno en particular porque todos responden a distintas líneas de investigación estratégica trazadas por el comisionado.

La semana pasada, la CICIG reanudó sus actividades judiciales, un mes después de que el Tribunal Constitucional guatemalteco suspendiera la orden presidencial que ponía fin unilateralmente al trabajo del organismo. ¿Han recuperado la plena normalidad?

Después de que el gobierno decidiese denunciar unilateralmente el acuerdo de creación de la CICIG, el pasado 7 de enero, tuvimos dos pronunciamientos muy importantes para el normal funcionamiento de la CICIG. Uno fue el de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que otorgó un amparo que deja en suspenso la decisión presidencial y que, además, señala que el Gobierno debe facilitar las tareas de la comisión. Por otro lado, el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó a través de un portavoz el deseo de que la CICIG cumpliera con su mandato hasta la fecha estipulada, que es el 3 de septiembre de 2019. En ese marco, la CICG ha hecho un llamado permanente de respeto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y, después de un plan de contingencia de carácter operativo por cuestiones de seguridad, ha retomado sus funciones en las audiencias, en los tribunales. Esperamos seguir retomando en los próximos días nuestras tareas con normalidad.

Pero entonces, ¿ustedes describirían su actual situación como de plena normalidad?

Es una situación que no es de plena normalidad, porque, por ejemplo, el comisionado Iván Velásquez no ha podido retornar a Guatemala, a pesar de haber expresado públicamente su deseo de hacerlo. También tenemos once colegas que tampoco han podido ingresar a Guatemala. En este sentido, estamos buscando cumplir con el compromiso que tiene la CICIG en las condiciones actuales.

¿Han sufrido hostigamiento o han temido por su seguridad desde la aprobación del decreto presidencial unilateral?

La CICIG ha hecho un llamado permanente al Estado de Guatemala para que se cumpla el acuerdo, y en este acuerdo se señala que el Estado, el Gobierno en este caso, se compromete a brindar todas normas de seguridad y facilitación logística y diplomática para las actividades de la comisión. Actualmente, por ejemplo, no contamos con servicio de seguridad perimetral para la seguridad física; los elementos de la Policía Nacional Civil que trabajaban en la comisión fueron retirados completamente en el pasado mes de enero. Nosotros hemos tratado de readaptarnos y seguimos trabajando.

El diputado conservador Fernando Linares Beltranena entregó la semana pasada un decreto para que el Congreso guatemalteco acabe con la labor de la CICIG. ¿Cree que podría prosperar y que el Gobierno guatemalteco podría entonces finalizar constitucionalmente la misión de la CICIG incluso antes del próximo 3 de septiembre?

Hay muchas opiniones de destacados constitucionalistas guatemaltecos, de abogados expertos en derecho constitucional, que señalan que el Estado de Guatemala, al igual que lo ha hecho la Corte de Constitucionalidad en reiteradas ocasiones, debe respetar el acuerdo al que se comprometió con las Naciones Unidas. En este sentido, entendemos que, dado el amparo de la Corte de Constitucionalidad por un lado, y la voluntad manifiesta expresada por el secretario general de la ONU, por otro, podremos completar el mandato de la comisión hasta el próximo 3 de septiembre de 2019.

(CP)

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