El 25 de junio de 2023, más de 9 millones de guatemaltecos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, parlamentarios y representantes municipales. Con una participación del 60 por ciento, ese día Sandra Torres (UNE, 15,86 por ciento de los votos) y Bernardo Arévalo (Semilla, 11,78 por ciento) lograron el paso a segunda vuelta. El candidato oficialista, Manuel Conde (VAMOS), quedó en el tercer lugar, con el 7,84 por ciento de los votos.

Este último dato es relevante, porque partidos cercanos al oficialismo pidieron la revisión de las actas por presuntas irregularidades, y la solicitud fue acogida por la Corte de Constitucionalidad. Se abría la puerta así a la posibilidad de que se anularan las elecciones. Diversos organismos internacionales cuestionaron la decisión y realizaron llamados a oficializar los resultados.

Este lunes 10 de julio la Corte Suprema de Justicia dijo que el Tribunal Supremo Electoral había cumplido la orden de la Corte de Constitucionalidad, y eventualmente podrían por fin oficializarse los resultados, más de dos semanas después de las elecciones. La extraña situación, sin embargo, da muestras de "cómo operan las instituciones cooptadas", dice a DW Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y ex fiscal general de Guatemala.

DW: ¿Existió un peligro real de que se anularan las elecciones?

Claudia Paz y Paz: Existió, pero la reacción ciudadana de proteger el voto y de importantes sectores nacionales e internacionales fue crucial para que no se concretaran estos planes. El peligro que sí existe es que se utilice arbitrariamente el derecho penal en contra de los candidatos que van a segunda vuelta, y la criminalización de funcionarios de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, como ha sido una constante por parte de la Fiscal General, Consuelo Porras.

¿Hay alguna razón jurídica que avale la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender la oficialización de los resultados?

Las elecciones en Guatemala se regulan por la Ley Electoral y, en consecuencia, cualquier impugnación debe resolverla el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, los partidos que presentaron el amparo no lo hicieron ante el TSE, sino ante la Corte de Constitucionalidad, que otorgó un amparo provisional y ordenó una nueva audiencia de revisión del escrutinio de votos, algo que no está en la ley. A pesar de esto, el TSE ordenó que se realizaran estas audiencias, y se confirmaron los resultados. 

Por ello entonces la decisión del lunes de la Corte Suprema.

Sí, la Corte Suprema de Justicia rechazó una nueva solicitud de partidos políticos para recontar los votos -proceso que en Guatemala no existe y sería ilegal- y estableció que el TSE ya cumplió con la orden de la Corte de Constitucionalidad, por lo que deberían oficializarse los resultados de la primera vuelta electoral.

Uno asume que en la Corte de Constitucionalidad se encuentran los expertos más calificados. ¿No ocurre así en el caso de Guatemala?

Tal y como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo venimos denunciado desde las organizaciones de derechos humanos, el sistema de justicia guatemalteco atraviesa una crisis sumamente preocupante debido a que existe, y te cito a la CIDH, "una estrategia tendiente a su cooptación por parte de grupos y estructuras paralelas de poder involucradas en esquemas de corrupción e interesados en asegurar impunidad y la perpetuación de mecanismos de corrupción”. Entonces los actuales magistrados de la Corte responden a estos intereses de garantizar la impunidad y favorecer la corrupción.

EE.UU., la Unión Europea, la OEA y otros observadores internacionales han avalado el proceso electoral. ¿Cuánto afecta todo lo que está ocurriendo a la imagen internacional de Guatemala?

De unos años para acá, la estrategia de criminalización de operadores de justicia, personas defensoras y periodistas ha llamado la atención internacional. No en vano Guatemala fue mencionada en el informe de la CIDH, en el capítulo sobre preocupaciones en torno a los DDHH. Lo que ocurrió ahora volvió a levantar las alertas. Afortunadamente, tanto la misión de la OEA como la Misión de la Unión Europea han sido muy claras en indicar que las votaciones se desarrollaron de manera satisfactoria y han urgido a que se oficialicen los resultados.

Muchos actores políticos ven en esta acción del partido de Gobierno un intento por impedir la oficialización de resultados que le son adversos. ¿Puede realmente hacerse esa lectura de lo que está sucediendo?

Nunca hubo evidencia de fraude el día de las elecciones y solo se presentaron unas cuantas actas como supuesta prueba de la alteración de la voluntad popular. No son razones legítimas las que han impulsado la presentación de estas acciones legales. Como indicaba antes, durante estos años han cooptado todos los poderes del Estado, y no quieren ceder ningún espacio de poder. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados y ya no se enturbie más el ambiente electoral.

¿Juega algún papel en todo este embrollo político la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y lo que algunos califican como la "corrupción sistémica" de la política guatemalteca?

La CICIG lo que hizo fue demostrar cómo operan las redes de gran corrupción y como el financiamiento electoral ilícito era un factor clave en la cooptación de las instituciones. Justamente el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad es un ejemplo de cómo operan las instituciones cooptadas, que incluso ponen en riesgo el proceso electoral.

(ers)