Cientos de personas de organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil exigieron este jueves (10.12.2020) la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por su supuesta complicidad con el llamado "pacto de corruptos". 

"Necesitamos que renuncien los funcionarios que no están haciendo nada en beneficio de nuestros municipios", dijo una de las dirigentes del Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas, Dominga Chávez, frente a la sede central del Ministerio Público (MP, Fiscalía), ante la presencia de los cientos de manifestantes.

La jornada de protestas inició en el edificio principal del MP, en la periferia del centro histórico de la capital guatemalteca, con la finalidad de acudir a otros puntos conforme la manifestación avanza en una marcha hacia el parque central, frente al Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno).

Además de la dimisión de la fiscal general -a quien los grupos de manifestantes consideraron una "aliada" del supuesto "pacto de corruptos"- la protesta también busca la renuncia del binomio presidencial, de más de 115 diputados afines al mandatario, Alejandro Giammattei, y del ministro de Interior, Gendri Reyes. Pero, más que cualquier otra demanda, lo que organizaciones como Festivales Solidarios, la Asamblea Social y Popular o el Movimiento Universitario -surgido de las principales asociaciones estudiantiles privadas y públicas-, buscan es "transformar el sistema desde la raíz". 

Entre las demandas también se puso sobre la mesa, como ha sido reiterado desde el pasado 21 de noviembre con la primera gran movilización contra el presidente Giammattei, la "necesidad" de establecer una "Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y Popular". 

Las autoridades indígenas que participaron en la primera protesta de este jueves, frente al MP, también realizaron una pequeña ceremonia, invocaron a los cuatro puntos cardinales para iniciar la jornada de demandas. 

La marcha continuó su camino hacia la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), donde fue recibida por el ombudsman, Jordán Rodas, quien aseguró que el 21 de noviembre hubo "violación de los derechos humanos" por el exceso de uso de la fuerza pública del ministro de Interior y del director de la Policía Nacional Civil, José Tzubán, por lo que recomendó su destitución. 

ama (efe, soy 502)