El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, aseguró ayer, miércoles, que "la injerencia" de Estados Unidos se oculta detrás del proceso judicial en su contra, y dijo que ante la violación de sus derechos recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una entrevista concedida a CNN en español desde la cárcel militar de Matamoros, donde permanece en prisión preventiva, Pérez Molina denunció "intereses geoestratégicos" es su contra, como el "marcado interés" de EE.UU. para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que lo investiga, siguiera presente en Guatemala.

El exmandatario se encuentra en la prisión desde ayer martes, cuando el juez Miguel Ángel Gálvez dijo que hay indicios suficientes de su participación en la red de corrupción aduanera "La Línea", desarticulada por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la CICIG.

Pérez Molina reconoció que los últimos tiempos han sido difíciles, pero defendió por enésima ocasión su inocencia con toda "la solvencia" y con toda "la claridad". Manifestó que EE.UU., a través de su vicepresidente Joe Biden, le decretó "la imposición" de continuar con la CICIG en el país, un ente creado por la ONU en 2007 que, a su juicio, "ha servido a otras personas, pero no para fortalecer la Justicia", ya que quita "espíritu y sustento".

"Golpes blandos" contra gobiernos incómodos

Reveló también que EE.UU. le pidió hablar bien de la CICIG con sus homólogos de otros países, para extender el ente a otras naciones. Pérez Molina comparó el proceso en su contra con lo descrito en un artículo de un autor norteamericano, el cual leyó recientemente pero no pudo identificar, y en el que se explica cómo algunos entes dan "golpes blandos" en contra de Gobiernos que resultan "incómodos".

Aseguró que esto es un manual que ve "calcado" en lo sucedido en torno al caso de corrupción "La Línea" y las posteriores manifestaciones ciudadanas en Guatemala. Pérez Molina pidió un proceso justo y apegado a derecho y dijo que, con el apoyo de su familia, esperará a "que se haga Justicia" y pronto pueda volver a salir a la calle. El juez Gálvez fijó un período de tres meses para que el MP y la CICIG conformen la acusación en contra del general retirado, de 64 años, y programó una nueva audiencia para el 21 de diciembre, en la cual decidirá si hay motivos para iniciar un juicio en contra del expresidente.

CP (efe, rtr)