Congreso Transparente es una organización guatemalteca sin fines de lucro que se compromete a los principios de "gobierno abierto". La ONG informa a los ciudadanos sobre los procesos que hay dentro del congreso, por ejemplo sobre cómo han votado los diputados, o sobre quiénes estaban a favor o en contra de una ley, entre otras cosas. Ángel Ramírez es el Director Ejecutivo de Congreso Transparente. Antes de sumarse al equipo de la ONG, el politólogo trabajó en el Congreso de la República de Guatemala como asesor de un diputado.

Congreso Transparente quiere ser “un puente entre el congreso y los ciudadanos”, ¿cómo lo quieren lograr?
Queremos ser un puente de información para que la gente común y corriente entienda el congreso. Tratamos de ser objetivos para no predisponer a las personas a favor o en contra de un tema. Ser ese puente entre la institución pública y la gente no significa ser el garante de la información, sino dar los espacios permanentes a los ciudadanos que quieran involucrarse en temas del Congreso de la República.

¿Por qué es importante el acceso a la información pública?
Primero, porque es un ejercicio de proceso de transparencia activa por parte de las instituciones públicas, las cuales deberían de rendir cuentas para informar de dónde provienen los fondos y cómo funciona el Estado; a final de cuentas el ciudadano es quien financia todo este sistema. Lo segundo es porque a la información se le tiene que dar un valor para que el ciudadano entienda que la información puede cambiar su vida.

¿Cuáles son los obstáculos más fuertes para la gente que quiere solicitar información?
Mucha gente no sabe a dónde hay que ir a pedir información. Y los que saben, tienen miedo a represalias por lo que soliciten. Pero, por otro lado, las mismas instituciones tampoco sabrían de dónde obtener la información solicitada.
En el congreso, la información está súper dispersa, y el proceso de acceder a la información se complica muchísimo porque las unidades no son efectivas. Además hay casos de opacidad dentro de las instituciones causados por personas que impiden acceder a la información por querer cubrir situaciones de corrupción fuertes.
A nivel municipal, uno de los grandes problemas es el mal uso que se hace de la información. Las instituciones no dan cierta información porque no la tienen, aunque debería ser un estándar que lo hicieran. Otro gran tema es la llamada violencia política: estructuras criminales muy incrustadas en las instituciones de gobierno que no permiten el acceso a la información.

La "Ley de Acceso a la Información Pública" en Guatemala entró en vigor en el año 2008. ¿Cómo ve Usted el proceso de implementación de esa ley?

Fue una ley que causó mucha emoción porque sucedió en un contexto de corrupción cuando "desaparecieron" 82 millones de Quetzales en el congreso. A partir de ahí las instituciones públicas estaban obligadas a dar información, pero no sabían como hacerlo porque no se les daban las herramientas correspondientes.
Desde mi punto de vista la ley es débil en el sentido de que solamente la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) es un garante. Pero falta un ente rector administrativo de acceso a la información pública que pueda emitir sanciones a los propios entes del Estado. La PDH únicamente puede dar una sentencia moral pero realmente no tiene implicaciones más drásticas en el funcionamiento de la ley como tal.

¿Qué tan grande es el interés por parte de la sociedad en solicitar información?
En los primeros años no había tal cantidad de interés. Pero creo que a partir de las manifestaciones contra la corrupción el año pasado se empezó a dar una motivación por tener acceso a la información. Sin embargo, en aquel entonces el acceso a la información no significaba que la gente estaba consciente de un proceso; la gente solo quería un modo más sencillo y rápido de saber algo.
Yo creo que si deseamos que la ley sea legítima, debemos de legitimar su proceso también. No solamente hay que llegar y decir "¡yo quiero que me den información!", sino que hay que seguir un proceso y mecanismos institucionales para que esta ley se lleve al cabo de la mejor manera.

¿Qué tiene que pasar para mejorar la situación de acceso a la información pública en Guatemala?
Se necesita un ente vigilante de la situación que también castigue a las instituciones que no cumplen y que haya procesos administrativos de sanción, ya sean multas financieras o separación de cargo. También que existan unidades de acceso a la información pública y que dentro de las instituciones haya personas especializadas en transparencia que faciliten el trabajo a la ciudadanía. Y por último que la ciudadanía llegue a entender la importancia de la información.

¿Cuáles son sus consejos para los que quieren acceder a información?
Para solicitar información pública uno tiene que ser muy, pero muy persistente. Porque por desconocimiento o por razones bien pensadas, los funcionarios públicos pueden estar reteniendo la información. Pero mientras haya más personas y más ciudadanos que soliciten información, más posibilidades hay de obtener lo que uno quiere.
Otro consejo es acudir a la PDH. Aunque sea un ente con una capacidad de acción muy limitada, también es un aliado estratégico. Luego es importante utilizar los medios de comunicación para que ejerzan también esa presión, porque ellos pueden encontrar en algún momento las razones del porqué se está reteniendo la información.


Con el apoyo de la DW Akademie Congreso Transparente quiere ampliar su trabajo a las municipalidades del país. El proyecto "Munis Abiertas" se estará implementando a partir de este año.