Aunque muchos empresarios estén alarmados por la fragilidad de las instituciones en el gobierno de Jimmy Morales, titubean al momento de levantar la voz, dice el caficultor e inversionista Estuardo Porras Zadik.
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A principios de marzo, Dionisio Gutiérrez dio un discurso poco común para un miembro de la élite empresarial en Guatemala, arremetiendo sin rodeos contra el Presidente Jimmy Morales. "La devastación que Ud. está dejando es una amenaza para la democracia, para el Estado de derecho y para la libertad de la nación”, dijo Gutiérrez en la inauguración del IV Encuentro Ciudadano, organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo que él preside.
Y continuó: "Lejos de liderar el esfuerzo contra la corrupción, lo destruyó, desmanteló los avances a la Policía Nacional y comprometió la seguridad ciudadana con la complicidad del ministro de Gobernación más mediocre y prepotente que hemos tenido en décadas”.
En el pasado, la élite empresarial de Guatemala no ha sido particularmente famosa por luchar contra la corrupción y defender la democracia.
"Gutiérrez es un caso muy particular”, explica Raquel Zelaya, presidenta de la junta directiva del think tank Asíes. "Él pertenece a una de las familias de mayor peso económico en el país, pero es ave suelta y tiene un discurso diferente”, explica. Sin embargo, Gutiérrez no sólo regañó a los políticos, sino también a su propio sector: "Las causas de que nuestra sociedad esté debilitada y enfrentada están en la pequeñez de la política, el oportunismo de sus dirigentes, la complicidad y la indiferencia de las élites, en especial de la élite económica y la corrupción que ha destrozado nuestra democracia y debilitado sus instituciones”, dijo el empresario.
Puede que Gutiérrez sea un caso particular, pero también hay otros empresarios como Estuardo Porras Zadik que ya no se quedan callados e indiferentes ante la crisis política del país.
Aunque su propio hermano haya sido procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito, Porras Zadik ha defendido públicamente la lucha contra la corrupción del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Porras Zadik considera que la corrupción no es un problema solamente de la política en el país, sino de toda la sociedad. "Para que exista un verdadero cambio en este país, lo que tenemos que hacer es aceptar nuestro involucramiento en la construcción de esta sociedad para entender cómo participamos para empezar a romper esta cultura”, dice el caficultor e inversionista en infraestructura de telecomunicaciones.
Según Porras Zadik, el empresariado del país es mucho menos uniforme de lo que se percibe. "Mucha gente en el sector empresarial quiere un cambio, pero sabe que el proceso de este cambio conlleva abrir el pasado, y a esto le tienen pánico”, explica.
Por lo tanto, aunque estén alarmados con el deterioro institucional y el rompimiento constitucional bajo el gobierno de Jimmy Morales que no acata ordenes judiciales y pone el Estado de derecho en entredicho, al final prefieren el statu quo del cual se han beneficiado durante décadas.
"Creo que a gran mayoría de empresarios es gente correcta, pero lástimosamente son apáticos a levantar la voz y a renunciar a las cámaras tradicionales”, dice Porras Zadik. "Y la gente a la que no le interesa tener voz, porque no le interesa hacer algo políticamente, se esconde en no hacer nada”, concluye.
(dg)
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Honduras, el reino de la fuerza bruta
En Honduras, entre diez y doce personas mueren a diario por causas violentas. Ese riesgo lleva a un segmento nada desdeñable de su población a huir en caravanas, con la vida por todo tesoro, hacia países menos inhóspitos
Imagen: Reuters/E. Garrido
De la fiesta, la resaca
En esta nación centroamericana, cada año suele empezar y terminar como los anteriores: con el silencio de los muertos y el llanto de los dolientes. Fuentes policiales informaron que al menos trece personas fueron asesinadas –diez de ellas con armas de fuego– durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Las mismas celebraciones dejaron al menos veinte muertos en 2017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
En las manos equivocadas
A lo largo de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) decomisó aproximadamente 2.400 armas de distinto calibre en territorio hondureño tras determinar que eran portadas ilegalmente. 123 de ellas, piezas de alto poder, eran utilizadas por bandas criminales. Un año antes, la cifra de armas de fuego decomisadas por tenencia ilegal fue de 3017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
El saldo del negocio
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) sostiene que Honduras cerró 2018 con un saldo de 3.614 homicidios. Muchos de esos asesinatos son producto de la violencia asociada al narcotráfico. El año pasado, las autoridades locales decomisaron más de 8,7 toneladas de drogas y detuvieron a más de 12.000 personas, principalmente por vínculos con bandas criminales.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Las pandillas del Triángulo Norte
Las autoridades de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– planean asestarles duros golpes a las pandillas con la operación “Escudo Regional III”, que contempla allanamientos, decomisos, capturas y acciones penales públicas contra cabecillas y miembros de grupos como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 (dos integrantes en la foto).
Imagen: Reuters/E. Garrido
“Escudo Regional III”
La operación “Escudo Regional III” buscará echarles el guante a bandas responsables de “una gran cantidad de delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, uso ilegal de armas prohibidas, porte ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita”, informó el Ministerio Público hondureño.
Imagen: picture-alliance/dpa
La “mano dura” estatal
No toda la violencia prevalente en Honduras es atribuida a las bandas criminales. Según varias organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes lo acusan de haber cometido fraude para garantizar su reelección como presidente en los comicios de noviembre de 2017. Se habla de asesinatos (38) y persecución política (465).
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
Mujeres y niños primero
Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018. Más del 90 por ciento de los casos está impune por falta de investigación, sostiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Las mujeres y los niños suelen ser víctimas de las formas de violencia más disímiles: la de las bandas criminales y la ejercida por sus allegados en casa.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Violencia de género
El CONADEH asegura que cientos de hondureñas se ven forzadas a abandonar sus hogares por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes llevado a cabo por bandas criminales. Pero, además, las mujeres son vulnerables en sus propias casas y, cuando son asesinadas, los homicidas suelen dejar indicios de saña, crueldad y odio.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La impunidad como motor
La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe según el cual más del 90 por ciento de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos quedaron impunes en Honduras en 2018. A juicio de sus voceros, eso propicia la violencia al evidenciar la debilidad de las instituciones y le da impulso a la emigración masiva, por la desconfianza que inspira la Justicia local.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
¡Adiós, Honduras!
En diciembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron un atlas que refleja detalladamente los ciclos migratorios en el norte de Centroamérica. Según ese mapa, el número de hondureños que abandonaron su país aumentó en un 94 por ciento entre los años 2000 y 2010. Nada apunta a que ese éxodo amaine.
Imagen: Getty Images/AFP/P. Pardo
Turismo improbable
El Gobierno de Estados Unidos les desaconseja a sus ciudadanos viajar a Honduras debido a los niveles de violencia que allí se registran. No obstante, el Ejecutivo de Donald Trump ha sido criticado por cancelar la protección migratoria especial concedida a 57.000 hondureños después de que el huracán “Mitch” devastara a su país en 1998; ellos sí que deberán regresar a esa realidad a corto plazo.