La organización Salva la Selva denunció a través de una campaña internacional las prácticas de la petrolera franco-británica Perenco Guatemala Limited, que ha militarizado la zona, lo que supone intimidaciones y amenazas para la población local. Unas 62.000 personas en todo el mundo apoyaron la causa manifestando su preocupación y solidaridad.

La organización entregó un documento al embajador de Guatemala en Alemania, Carlos Jiménez Licona, manifestando su preocupación por el hecho de que su país está destruyendo las selvas del parque nacional y desplazando a comunidades. “El país está contraviniendo seriamente sus propias leyes nacionales, así como los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y diversos tratados internacionales a los que se ha adherido”, le hizo saber la representante de Salva la Selva en Berlín, Renate Vollbracht.

El Parque Nacional Laguna del Tigre se encuentra en el Petén, el departamento más extenso de Guatemala, que limita al norte con México. Albergó a la civilización maya y conserva numerosos sitios arqueológicos. Por su riqueza cultural y natural esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

“Allí se han asentado comunidades integradas por personas que llegaron huyendo del conflicto armado y por políticas de reasentamiento de los años 70. Ahora se pide a estas comunidades que salgan de la zona en donde se habían refugiado”, afirma un portavoz de la organización francesa Colectif Guatemala que prefiere mantenerse en el anonimato. Se estima que unos 40.000 habitantes de 37 comunidades se encuentran afectados. También los activistas que los apoyan. “Impera la ley del silencio pues ha habido personas asesinadas. Hay mucha intimidación y amenazas”, afirma.

Prórroga de un contrato “dudoso”

El ex presidente Álvaro Colom prorrogó el contrato con la petrolera Perenco en 2010, permitiéndole la explotación de las reservas de crudo en la zona protegida de Laguna del Tigre durante otros 15 años. En aquel momento, un grupo de parlamentarios alemanes de los partidos representados en el Bundestag, con excepción del Partido Liberal (FDP), exhortó a Colom a no explotar los yacimientos ofreciéndole a cambio la participación de Alemania en la conformación de un fondo similar al que había propuesto Ecuador a través de un programa de la ONU para dejar bajo tierra el crudo de los yacimientos de Yasuní ITT.

“Desafortunadamente, con la llegada de Dirk Niebel (FDP) al frente del Ministerio de Cooperación y Desarrollo el asunto se durmió. En ese momento Ecuador era visto como ejemplar”, señala el diputado socialdemócrata Frank Schwabe, en conversación con DW. Schwabe, portavoz de política medioambiental de su partido señala que con la llegada de una gran coalición al Gobierno seguramente será retomado el tema. El diputado señaló que había varios intereses de figuras alrededor de Álvaro Colom que presionaron a favor de una prórroga del contrato con Perenco.

Perenco ofreció al Estado guatemalteco aumentar sus contribuciones de 65 millones de euros al año, a 117 millones a partir de la firma del contrato. Su prórroga se apoya en una ley especial promulgada en 2009, conocida como Ley de Fonpetrol (Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación), con la que fue alterado el Plan Maestro 2007-2011 para la explotación de hidrocarburos en la zona. Organizaciones guatemaltecas consideran que el contrato es lesivo y la Ley Fonpetrol, anticonstitucional. En agosto de 2012 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), pidió al presidente Otto Pérez Molina que anulase el contrato con la petrolera. El mandatario respondió que verificaría el proceso legal, pero aseguró que “alcaldes y pobladores de Petén defienden a la empresa porque ha hecho contribuciones importantes que han permitido hacer inversiones de infraestructura”.

Quieren expulsar a los pobladores de la zona

Organizaciones no gubernamentales advierten que no sólo está en peligro la deforestación de la biósfera Maya, sino que se ha militarizado la zona y los pobladores sufren acoso e intimidación. “Cuando se prorrogó el contrato entre el gobierno de Guatemala y Perenco, se acordó que la petrolera contribuiría en el financiamiento del Ejército y en la manutención de un batallón que está instalado allí. Lo que las comunidades viven es represión. La gente sufre intimidaciones y amenazas en los retenes que regulan la entrada a la zona”, afirma el portavoz de Colectif Guatemala.

Para Salva la Selva, lo que sucede en Guatemala es una tendencia que se constata con mucha frecuencia en Latinoamérica debido a la demanda mundial de hidrocarburos y las reservas cada vez más escasas. También el acceso a las mismas es más difícil.”Lugares protegidos como ése, que además son habitados por poblaciones locales, son un obstáculo para la empresa y los políticos. Sin embargo la explotación en nada mejora la situación de pobreza que sufren las comunidades locales”, señala por su parte Guadalupe Rodríguez, coordinadora de esa organización para América Latina.