Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron el jueves (27.04.2023) a Juan Carlos Marroquín Godoy, primo del reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, por el supuesto delito de obstrucción a la acción penal.

Marroquín Godoy es acusado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) guatemalteco dentro del proceso penal de supuesto lavado de dinero que se desarrolla contra el periodista Zamora Marroquín, quien se encuentra detenido en una prisión desde el 29 de julio de 2022.

La detención del primo del periodista se efectuó en las inmediaciones del Organismo Judicial de la Ciudad de Guatemala, cuando Marroquín Godoy asistía al Juzgado de Primera Instancia Séptimo para conocer los cargos en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, Marroquín Godoy supuestamente conspiró junto a dos exabogados de Zamora Marroquín para justificar un contrato "irregular” de 25.000 dólares vinculados al periodista.

Zamora Marroquín, con más de 30 años de trayectoria periodística, fue detenido en su hogar tan sólo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y su círculo íntimo.

Previo a su detención, Marroquín Godoy, primo del periodista, se desempeñaba como asesor de comunicaciones del vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo.

Los casos contra Zamora Marroquín, sus abogados y familiar son liderados por el fiscal del Ministerio Público Rafael Curruchiche, quien fue sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2022 por formular procesos penales contra fiscales y jueces anticorrupción en el país centroamericano.

El pasado 25 de abril, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró por medio de un informe que las acciones que la Fiscalía guatemalteca ha emprendido contra Zamora Marroquín "degradan la libertad de prensa" del país centroamericano.

En 2021, Zamora Marroquín recibió de manos del rey de España, Felipe VI, el premio al medio destacado de Iberoamérica, por la labor investigativa que El Periódico ha realizado durante casi 30 años.

Desde 2018, más de 30 abogados, fiscales, jueces y periodistas que denunciaron la corrupción en el país centroamericano salieron al exilio señalando una persecución política en su contra.

gs (efe, La Hora)