La crisis política guatemalteca parece no tener fin. A la citación cursada al presidente Otto Pérez para que acuda a declarar a la Comisión Pesquisadora del Congreso que investiga una acusación por corrupción presentada en su contra, este miércoles (17.06.2015) se sumó una denuncia contra el presidente de la comisión, Baudilio Hichos, quien está vinculado a un caso donde se habla de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.

El presidente Pérez Molina fue citado para que este jueves 18 de junio declare ante los parlamentarios. Consultado por la prensa, el mandatario dijo que está revisando su agenda para ver si tiene tiempo para ir al Congreso, y recordó que legalmente no está obligado a acudir, pues también puede enviar un emisario o remitir un informe por escrito donde responda a los requerimientos de la comisión.

Es muy probable que el mandatario se decante por esta última opción, según lo que dejó entrever en sus declaraciones. Además, insistió en que no existe ninguna razón para solicitar un antejuicio en su contra, pues no existe en la justicia ninguna investigación que lo vincule al escándalo. Por eso mismo se mostró “tranquilo” y “dispuesto a dar la cara”. En ayuda de su tranquilidad apareció una denuncia que pone en aprietos al diputado que preside la comisión.

Caso distinto

El parlamentario Baudilio Hichos, del opositor Libertad Democrática Renovada y precisamente quien preside la comisión, enfrenta una acusación por fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias. El comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Naciones Unidas, indicó que junto con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentarán una solicitud de antejuicio en su contra para que se le retire la inmunidad y pueda ser investigado.

Hichos está acusado, junto a otras cinco de personas, de participar en la adjudicación anómala de dos contratos relacionados con la construcción de una clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el departamento de Chiquimula, ubicado a unos 300 kilómetros de la capital. Este caso, agregó Velásquez, no tiene ninguna relación con el destapado el pasado 20 de mayo en el Seguro Social, por el que 17 personas están detenidas por la adjudicación millonaria de un contrato a una empresa para prestar servicios a pacientes con insuficiencia renal.

DZC (dpa, EFE)