Hace una semana dirigía el país, ahora será procesado por su presunta implicación en una red de corrupción. Así es la situación del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien este martes (08.09.2015) oyó de boca del juez Miguel Ángel Gálvez su decisión de someterlo a proceso, decisión que era “prudente” atendiendo a que hay “indicios razonables suficientes” que establecen la vinculación del exgeneral con la red conocida como “La Línea”.

“Que quede claro, no lo estoy responsabilizando”, advirtió el juez. Tras la resolución, la Fiscalía pidió que se dicte prisión preventiva contra Pérez con el argumento de que “existe peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad”, ya que el expresidente “podría destruir o modificar cualquier medio de prueba o influir en otros imputados”. La misma petición presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que llevó adelante la acusación contra Pérez junto a la Fiscalía. El juez aceptó la solicitud, dictando prisión preventiva contra el exmandatario.

El órgano de la ONU advirtió que “existe peligro de fuga”, porque “es evidente el poder que puede tener el señor expresidente sobre personas vinculadas al proceso” y porque “se demostró que esta organización criminal está incrustada en el nivel más alto del Estado”. Contra Pérez Molina pesan los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.

Fraude por casi 4 millones de dólares

Vestido de traje oscuro, Pérez Molina se mostró serio durante la exposición de motivos del juez, que duró más de cuatro horas. Tomó algunas notas en una libreta mientras su abogado se agarró la cabeza con las manos varias veces, mirando hacia abajo. El político permanece bajo “prisión provisional”, una medida que dictó el jueves pasado para garantizar la continuidad de la audiencia y preservar la vida del imputado.

Por ese caso se encuentra en prisión preventiva la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo en mayo pasado, y otras 27 personas entre funcionarios y particulares. La red, que tenía como jefe operativo al prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, se habría apoderado de al menos 29 millones de quetzales (3,7 millones de dólares) producto de los sobornos por la defraudación aduanera, según la acusación de la Fiscalía.

DZC (EFE, dpa, Reuters)