Más de 400 policías de Guatemala trasladaron este domingo (02.06.2024) a 225 miembros de la pandilla Barrio 18 internados en el Centro de Máxima Seguridad Canadá - apodada El Infiernito - donde el grupo tenía televisores, refrigeradoras, animales de granja y hasta un call center para extorsionar y ordenar crímenes, según informó el Gobierno de Bernardo Arévalo.

"Ya no hay ni un solo reo en el presidio El Infiernito. De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora sí sea una cárcel de máxima seguridad", afirmó en su cuenta de la red X (antes Twitter) el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez. "Será repoblada. Eso sí, de acuerdo a su condición de privados de libertad. Son prisiones, NO vacaciones", agregó en alusión a las comodidades que tenían los líderes de esa mafia.

Según imágenes oficiales, los reos tenían aire acondicionado, televisores y refrigeradoras en El Infiernito, en el departamento de Escuintla, 70 km al sur de la capital. Además, encontraron animales de granja como pollos y gallinas, y una laguna con cocodrilos, aseguró el ministro en un video compartido en X.

En una requisa anterior, la Policía desmanteló en el penal una especie de call center, con teléfonos celulares y conexiones de internet, entre otros equipos. El ministro responsabilizó a "los gobiernos anteriores" de "ceder a los criminales" el control de las cárceles.

"Primero vamos a encontrar todas las caletas (espacios ocultos para guardar dinero, armas de fuego o celulares), así tengamos que botar todas las paredes y levantar todo el piso y después la vamos a convertir en una verdadera cárcel de máxima seguridad, con controles estrictos y uso de tecnología", aseveró Jiménez.

La operación se realizó tres días después de que Arévalo reconociera que algunas zonas de la capital viven "prisioneras" de las pandillas, al reaccionar a un llamado de Naciones Unidas para que frene el reclutamiento de niñas, niños o adolescentes por parte de esas bandas.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios para exigir el pago de extorsiones a transportistas y comerciantes, entre otros. Quienes se niegan a pagar, son asesinados, según las autoridades, que reconocen además que desde las prisiones salen la mayoría de llamadas telefónicas de extorsión.

La violencia criminal dejó en Guatemala 4.361 homicidios en 2023, una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, la mitad atribuidos al narcotráfico y a las pandillas.

ama (afp, efe)