Las personas sobrevivientes de una masacre registrada en Guatemala en 1982 exigieron este sábado (29.01.2022) el cumplimiento de un fallo emitido en diciembre de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el que condena al Estado del país centroamericano por la matanza y ordena de igual forma deducir responsabilidades.

En una conferencia de prensa, familiares de las víctimas y también sobrevivientes de la masacre de la aldea Los Josefinos en 1982 le pidieron al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que investigue el crimen, cometido durante el conflicto armado interno (1960-1996) guatemalteco.

"Se llegó a la corte más importante de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado de Guatemala no ha querido darles respuesta a las víctimas", aseguró Carlos Martínez, representante de la entidad humanitaria Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que apoyó el proceso legal de las víctimas ante la CorteIDH. "A día de hoy, el Ministerio Público guatemalteco no ha encaminado las investigaciones", añadió el jurista.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue emitido el pasado 22 de diciembre en contra del Estado de Guatemala por la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la violación de múltiples derechos de la población durante la masacre en 1982 en la aldea Los Josefinos. El poblado se encuentra en el municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, donde se llevó a cabo la rueda de prensa este sábado. 

La masacre tuvo lugar el 29 y 30 de abril de 1982, en el marco del conflicto armado interno de Guatemala, uno de los más sangrientos de Latinoamérica con más de 245.000 personas asesinadas o desaparecidas, la mayoría a manos del Estado, según informes de organismos internacionales. 

Actualmente, el caso en Guatemala está todavía en etapa de investigación por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Al menos 38 personas fallecieron como consecuencia de la masacre, que obligó a varias otras a huir de la comunidad a aldeas aledañas o al extranjero. La masacre en el poblado fue perpetrada por el Ejército de Guatemala supuestamente después de que la guerrilla matara a dos de sus miembros.

"La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una reivindicación de la verdad y de la memoria de las víctimas, y de su derecho a la Justicia", explicó Martínez. "Hoy inicia un camino para que esta sentencia no se quede en el papel, de modo que el Estado de Guatemala cumpla con lo ordenado", subrayó el abogado.

ama (efe, prensa comunitaria)