El exmagistrado colombiano Iván Velázquez dirige la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde 2013. Fue establecida en 2006 tras el acuerdo de Guatemala y la ONU para apoyar a la Justicia en la investigación de los delitos cometidos dentro y fuera del aparato estatal. Velázquez ganó reconocimiento por sus investigaciones al paramilitarismo en Colombia. En 2012 recibió el premio de la Asociación de Jueces Alemanes por su defensa de los Derechos Humanos.

Desde mayo pasado el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG revelaron los tentáculos de la corrupción que han permeado la sociedad a todo nivel. Las manifestaciones masivas exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina no cesan. También hay protestas en Honduras y podrían contagiarse a El Salvador.

Durante su visita a Guatemala hace unos días, el Consejero del Departamento de Estado de EE. UU., Thomas Schannon, subrayó la importancia de la lucha contra la corrupción en el marco de la Alianza para la Prosperidad, que Washington quiere respaldar con 1.000 millones de dólares. La iniciativa tiene como objetivo desalentar la inmigración ilegal.

Deutsche Welle: ¿Qué papel juega la lucha contra la corrupción en la Alianza para la Prosperidad, propuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador?

Comisionado Iván Velázquez: Es un aspecto fundamental en la cooperación integral entre Estados Unidos y estos países del triángulo norte. La corrupción es un flagelo que hemos padecido en América Latina, su combate por un lado garantiza una adecuada utilización de los recursos, pero también permite el fortalecimiento del Estado de Derecho, el funcionamiento de la Justicia. Todo esto es muy importante para las consideraciones de inversión en estos países.

La CICIG participa en una reforma muy importante al sistema de Justicia, que contempla levantar la controvertida figura de antejuicio y otras importantes medidas.

El antejuicio es una inmunidad que gozan desde los alcaldes municipales hasta el presidente de la República en Guatemala. Los congresistas y todos los jueces. No se les puede investigar si no hay antes un levantamiento de la inmunidad. Queremos limitar este antejuicio y establecer unas disposiciones que permitan adelantar sin dificultad investigaciones preliminares. También queremos fortalecer la Corte Suprema de Justicia para garantizar que no haya una coptación desde sectores del crimen organizado y de poderes paralelos que en Guatemala son fuertes y han pretendido coptar el organismo judicial.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Guatemala a la serie de detenciones que ha habido en los últimos dos meses tras las investigaciones de la CICIG y la Fiscalía General de Guatemala?

En las primeras investigaciones, con el caso de defraudación aduanera, lo que se produjo a las pocas semanas, el 8 de mayo, fue la renuncia de la vicepresidenta de la República, cuyo secretario privado aparecía en toda la investigación, directamente vinculado con la estructura criminal. Después han continuado las investigaciones en diversos frentes y ha habido en el gobierno como un reacomodo, con la renuncia de varios ministros, de secretarios. Una de las consecuencias importantes que se han derivado de estas investigaciones es el reclamo popular exigiendo una reacción de las autoridades para responder al problema de la corrupción. En las últimas investigaciones que condujeron a la captura del ex secretario del presidente Pérez Molina, el gobierno reaccionó objetivamente. El vocero de la presidencia manifestó que respetaba las investigaciones y que el secretario debía asumir su defensa.

¿Qué precedente sienta en la región el trabajo de la CICIG en Guatemala?

En este momento en Honduras, amplios sectores de la sociedad se han volcado a las calles en manifestaciones multitudinarias, hasta dos millones de personas, repudiando la corrupción por el caso que afecta al Seguro Social de Honduras. Se está planteando la creación de una comisión semejante a la CICIG en ese país. Yo creo que podría extenderse una ola anticorrupción en la región y eso sería realmente muy saludable. En América Latina hemos padecido tradicionalmente los efectos de la corrupción que se traducen en deficiencias en la asistencia a la niñez, al sistema de salud, en la educación, todos generados por la indebida utilización de los recursos públicos.