Juan Méndez Covarrubias alcanzó a estar menos de dos años en el Ejército de Estados Unidos. Este joven nacido en California ingresó al cuerpo armado en junio de 2018, en marzo del año siguiente fue asignado a la Primera División de Caballería, y en octubre fue enviado a Irak. Cinco meses más tarde, el 11 de marzo de 2020, murió cuando el campamento de Taji fue bombardeado por insurgentes. Méndez es, a la fecha, el último militar de origen latino caído en las filas estadounidenses en Irak.

Desde que comenzó la guerra en Irak, en marzo de 2003, la presencia de soldados latinos no se limitó a engrosar las fuerzas estadounidenses. Hubo también militares desplegados por países aliados, así como uniformados que formaron parte de empresas privadas contratadas para la vigilancia de instalaciones diplomáticas. En el primer escenario destacan las tropas de Nicaragua, El Salvador (5 muertos en la guerra), República Dominicana, Honduras y Colombia. En el segundo, militares de distintos orígenes a los que se les hizo toda clase de promesas.

En ese grupo se encuentra Ermes Barboza. Exmiembro del Ejército de Colombia, se enlistó en la empresa privada Blackwater y viajó en 2006 a Irak. Estuvo un par de meses en Bagdad protegiendo la embajada estadounidense y luego fue desplegado en distintos puntos del país. Ahí le tocó un período álgido de bombardeos semanales contra los campamentos "con morteros de 80 y 120 mm”, dice a Deutsche Welle (DW). Entre 2010 y 2011 cumplió misiones similares en Afganistán.

Promesas y deudas

Barboza estuvo entre quienes protestaron en julio de 2021, tanto en Colombia como en Estados Unidos, exigiendo que se cumpliera la promesa que les hicieron en Irak: darles la nacionalidad. "El embajador (de Estados Unidos en Irak) nos dijo, en una de las tantas reuniones que tuvimos, que después de cinco años de estar allá íbamos a tener la Green Card. Nosotros exigimos el título de veteranos de guerra, que nos daría acceso a la nacionalidad, trabajo en el Estado y una casa fiscal en Estados Unidos”, explica a DW.

Otros soldados que fueron enviados a Irak también reclaman beneficios. Por ejemplo, en noviembre de 2022, cientos de militares que estuvieron en la guerra representando a las Fuerzas Armadas de República Dominicana -país que envió 604 efectivos al conflicto entre 2003 y 2004- protestaron por el pago de viáticos que se les prometieron. De acuerdo con su versión, eran 200 dólares diarios que Estados Unidos pagó a República Dominicana por cada soldado, así como 500 dólares mensuales. Recién en diciembre de 2022 comenzó el pago, tras numerosas protestas.

A todos esos casos se suma una gran cantidad de testimonios de combatientes que resultaron gravemente heridos, cuyas trágicas historias suelen aparecer en la prensa, o los soldados que se retiran de las fuerzas armadas para volver a sus países de origen, desconociendo los beneficios a los que pueden acceder. También hay ejemplos de personas que sirvieron en combate y ahora luchan para recuperar el derecho a vivir en Estados Unidos.

La guerra por volver

El sargento retirado Esteban Blis creó en Panamá "You Served, We Care Foundation”, una entidad que se preocupa de asesorar a los soldados latinos para que puedan acceder a sus pensiones o a prestaciones médicas. "Muchos veteranos desconocen sus beneficios en Estados Unidos, no saben que hay programas que les pagan por sus medicinas”, dice a DW Blis, que fue desplegado en dos ocasiones en Afganistán, donde fue herido. Tras recuperarse en Alemania y jubilarse, descubrió que muchos de sus compañeros estaban desamparados. "Una vez me acerqué al vicepresidente Mike Pence (2017-2021)y le dije que el gobierno de los EE. UU. tiene que preocuparse por los veteranos, que es su deber”, revela.

También están los casos de militares deportados a sus países de origen. Como no se hicieron ciudadanos estadounidenses a tiempo, el hecho de cometer delitos -muchas veces relacionados con el estrés postraumático que la mayoría sufre- abre la puerta a la expulsión de Estados Unidos. "Los principales delitos son de drogas, violencia doméstica y porte de armas”, dice Blis. Por eso, y tras mucho pelear, los activistas consiguieron que se aprobara una ley que facilita el acceso a la ciudadanía estadounidense a quienes se integren a sus fuerzas armadas.

La tragedia de muchos veteranos latinoamericanos es que, tras la guerra, la lucha sigue. Como para Barboza, el colombiano de Blackwater. Él tiene confianza en que la campaña para recibir los beneficios prometidos llegará a buen puerto. "Las posibilidades en estos momentos son del 70 por ciento. Depende de lo que pase en el Congreso de Estados Unidos. Nuestro representante allá ya se reunió con (la vicepresidenta) Kamala Harris”, explica a DW. Si tienen éxito, unos 200 excombatientes podrían ser beneficiados.

(cp)