Un grupo de personas mayores protesta en Constitution Hill, una antigua fortaleza y prisión en Johannesburgo, para que se haga justicia: son víctimas de la violencia del régimen de segregación racial, que terminó con el fin del apartheid y las primeras elecciones generales en el país (celebradas hace ahora treinta años) y no se beneficiaron de las audiencias de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica hace 28 años.

Abandonados

A Thabo Shabangu, la policía le disparó por la espalda durante una manifestación contra la opresión de la población, mayoritariamente negra, en 1990. En una entrevista con DW afirmó: "Estoy decepcionado. Nosotros somos los revolucionarios de esa época, formamos este gobierno y luchamos por él".

Se siente abandonado y exige una compensación económica por el sufrimiento sufrido en la lucha contra la segregación racial, pero también quiere apoyo médico y social. La comisión recomendó dichas ayudas, pero Shabangu -al igual que alrededor de un tercio de los sudafricanos- está desempleado y carece de dinero para alimentar y costear la escolarización de sus hijos.

"Creímos que la comisión nos haría justicia", se quejó. Pero ninguno de los miembros del Grupo de Apoyo Khulumani a víctimas y supervivientes de graves violaciones de derechos humanos, que buscan el reconocimiento de otra organización llamada Galela, siente que haya habido una reconciliación.

Reconciliación y perdón

Una mirada retrospectiva: las audiencias ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CVR) comenzaron en abril de 1996 y terminaron en octubre de 1998. El entonces presidente Nelson Mandela había designado al arzobispoDesmond Tutupara presidirlas. Su objetivo era promover la reconciliación y el perdón -en lugar de represalias- entre los perpetradores y las víctimas del apartheid. Se animó a los afectados a presentarse y a dar testimonio. Durante ese período, la comisión se centró en las evidencias: asesinatos, secuestros, torturas de personas y graves casos de malos tratos.

Amnistía para los perpetradores

Los perpetradores que declararon en su totalidad lo sucedido, recibieron una amnistía, un compromiso doloroso para muchas víctimas. Por otro lado y debido a la promesa de impunidad, salió a la luz la verdad sobre el destino de muchas personas que habían desaparecido sin dejar rastro: secuestradas, asesinadas y enterradas en algún lugar.

Las víctimas y los perpetradores, a menudo, se sentaban uno frente al otro en salones comunitarios e iglesias de todo el país. Por primera vez hubo informes en vivo de las audiencias de la Comisión para la Verdad. Apenas dos años después de que el Congreso Nacional Africano (ANC) llegara al poder, las atrocidades del pasado se hicieron públicas. 

Cuando la comisión finalizó su labor en 2002, recomendó que las más de 21.000 víctimas reconocidas recibieran subsidios mensuales como compensación del "Fondo del Presidente". Sin embargo, el entonces presidente Thabo Mbeki dispuso entonces una ayuda única de poco menos de 3.600 euros, que recibieron unas 17.000 personas.

"Injustificado cerrar las puertas"

Según el Informe Anual del Fondo, en 2023 aún quedaban disponibles 97 millones de euros. Las recomendaciones de la comisión se aplican con lentitud, critican muchos. El Gobierno dice que utilizará el fondo de compensación para vivienda, educación y atención sanitaria de las 22.000 personas de la lista actual.

Más de 82.000 sudafricanos se han unido a Khulumani desde su fundación en 1995, pero aún no han podido presentar ninguna reclamación. En ese momento, el Estado no reveló adecuadamente cómo las víctimas podían proporcionar sus declaraciones a la comisión, lamenta Marjorie Dobson, directora de la organización.

"Hemos documentado todo esto para el Departamento de Justicia. Es completamente injustificado cerrar las puertas cuando en realidad los errores son del lado del Estado", dice Dobson a DW.

Danisile Mabanga también espera recibir una compensación. Su familia fue desplazada por la fuerza durante el apartheid. "Sabíamos de la comisión, pero no logramos ir allí", explicó a DW. "Eran tiempos difíciles y teníamos miedo", dijo. Su impresión es que Mandela puso en marcha una buena causa, pero los perpetradores salieron demasiado bien parados. Así piensan muchos sudafricanos.

En total, 7.000 personas pidieron la amnistía, la comisión la concedió a 1.500.

"Entonces teníamos esperanza, porque se trataba del proceso de reconstrucción del país, de construcción de la paz. Queríamos ser parte del cambio", dijo a DW Nomarussia Bonase, coordinadora de Khulumani. "Estamos siendo victimizados nuevamente por el gobierno actual", lamentó.

(rmr/ers)